La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que obliga a los colegios particulares a admitir, de manera gratuita, a un 30% de estudiantes de los primeros cuatro deciles, llevando al Gobierno a insistir en la reserva de constitucionalidad.

Además, la iniciativa establece que los niños que vivan en una misma familia puedan tener preferencia en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para quedar en un mismo establecimiento y que los colegios estarán obligados a recibir a estudiantes con necesidades educativas especiales.

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo que ya no es tiempo de que se deje al arbitrio de los sostenedores la promoción de la integración social e instó al Gobierno a no llevar este proyecto al Tribunal Constitucional (TC).

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, indicó que, si bien comparte la idea de fondo que promueve esta iniciativa, existen mejores alternativas para fomentar la inclusión en el sistema escolar.

“Este proyecto representa una política equivocada. Nuestro objetivo debiera ser fortalecer la educación pública para que esta sea atractiva, de calidad y suficientemente inclusiva, para que accedan a ella estudiantes de todos los estratos sociales”, añadió el secretario de Estado.

La diputada del Partido Comunes, Camila Rojas, sostuvo que esta discusión se da en el marco del proyecto de Admisión Justa, que presentó el Gobierno en 2019, el cual fue rechazado y sólo se mantuvieron algunas partes. Entre ellas, la que hace referencia al acceso preferente de quienes integran un mismo núcleo familiar.

Además, afirmó que la única manera en que se ha logrado fomentar la inclusión escolar es obligando a los sostenedores a cumplir ciertas exigencias.

La iniciativa volverá a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, dada la presentación de indicaciones, donde se llevará a cabo su discusión en particular.