Duras críticas de la oposición han causado las declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien confirmó que está en evaluación extender el plazo del decreto 265, el que permite la participación de las Fuerzas Armadas en La Araucanía al término del Estado de Excepción Constitucional por la pandemia.
Por la crisis sociosanitaria ya es normal ver a efectivos de la institución castrense en distintos puntos del país: en controles, en el traslado de insumos médicos y otros temas.
Pero de lo que se habla aquí es utilizar el plan Frontera Segura, que permite su presencia en la frontera norte del país, para participar en operativos de narcotráfico, posible actividad terrorista y el ingreso ilegal de personas migrantes.
Galli dijo que la evaluación es permanente y si bien no dio plazos dijo que buscan cómo hacer que la experiencia de las Fuerzas Armadas en pandemia pueda servir en la zona.
Oposición molesta
En la oposición condenaron abiertamente esta idea.
La diputada Andrea Parra (PPD), miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y representante de La Araucanía, dijo que este será recordado como el Gobierno “de los tanques y las metralletas” y que está obsesionado con agudizar los conflictos en la zona.
Quien fue más lejos fue el diputado de Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, quien acusó que este Gobierno trata de imponer sus políticas vía decreto, porque sabe que no cuenta con apoyo suficiente en el Congreso.
Brito anunció que este tema se va a agregar a la interpelación parlamentaria al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, a realizarse el martes de la próxima semana.
Mellado (RN) defiende idea
El diputado de Renovación Nacional y representante de la región de La Araucanía, Miguel Mellado, lo ve radicalmente distinto.
El 6 de enero ofició a la presidencia de la Cámara de Diputados para que pidiera este decreto al Gobierno.
El 25 de marzo fue a la Contraloría para pedir que el organismo evalúe que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en combatir posibles delitos terroristas en la zona.
En esa línea, Mellado dijo que la institución está bien valorada por la ciudadanía y que incluso sacan aplausos en La Araucanía.
“Ya era hora que el Gobierno viera este tema. Yo decía ‘¿por qué no hacen lo mismo que el decreto 265 en el norte en La Araucanía?’ Los militares tienen mayor apoyo ciudadano que el Gobierno, el Congreso, los partidos políticos”, comentó.
El estudio del Ejecutivo en este caso deberá ser preciso: el decreto que comenzaron a trabajar en 2018 para el norte del país fue admitido en agosto de 2019 con cambios en la Contraloría General de la República, aclarando que no le competen involucrarse en operativos policiales y que su rol debe ser de apoyo logístico.
