El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó a los persecutores revisar las causas de presuntas violaciones a los derechos humanos en el estallido social, que fueron archivadas y reabrirlas en caso que existan méritos.

Desde el Gobierno valoraron la acción del Ministerio Público, señalando que se está buscando ser más eficiente en la persecución penal de dichos delitos.

Por considerar que uno de los aspectos más graves y dolorosos de la crisis social fueron las denuncias por violaciones a los derechos humanos, el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó a la Unidad Especializada en Derechos Humanos revisar causas archivadas del 18 de octubre en adelante.

Esta revisión priorizará los casos de violencia institucional donde el imputado es conocido, que involucren tortura, lesiones graves o tengan connotación sexual.

Hablando en cifras, a la fecha, la Fiscalía ha formalizado 57 causas de derechos humanos, las que involucran a 118 imputados, pertenecientes a Carabineros (113), el Ejército (4) y la Armada (1).

El jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, instruyó a examinar los criterios de actuación y los estándares internacionales aplicados en causas archivadas y en las que se decidió no perseverar, con el fin apoyar a los equipos investigativos regionales en la reapertura de estas indagatorias, cuando se determine que existen razones que lo fundamenten.

Respecto a la idea de la creación de una Fiscalía especializada en derechos humanos, la iniciativa fue valorada por la Asociación nacional de Fiscales. Su presidente, Francisco Bravo, que asumió hace unos días, enfatizó que es deber del Estado indagar estas causas con la mayor celeridad posible.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo que con esto se está buscando ser más eficiente en la persecución penal.

Tras la orden de Abbott a los persecutores, resta esperar el número de causas que serán reabiertas.