Entre 2010 y 2019 se decretaron 20.535 órdenes de expulsión administrativa, que no se ejecutaron, según un estudio del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Henríquez.
Debido a estas órdenes no cumplidas, se estima que actualmente son aproximadamente 10 mil las personas que viven como “expulsados residentes”, es decir, quienes se encuentran en situación irregular en el país y además fueron objeto de un decreto de expulsión en su contra no ejecutado.
De acuerdo a los resultados, son los migrantes venezolanos, cubanos, dominicanos y bolivianos, los más afectados por esta situación.
El informe evidencia también que en 2020, las cifras de ingresos clandestinos en Chile aumentaron, alcanzando los 16 mil 484.
Respecto a las expulsiones, el país ha tenido un aumentado sostenido, sin embargo, ha sido bajo un ritmo lento, incrementándose entre 2016 y 2018, volviendo en este último a un ritmo más pausado, similar a 2015.
En el marco anterior, en 2017 se detecta el mayor crecimiento de personas expulsadas, ya sea por decreto administrativo o judicial. Así, el informe plantea que pasó de 917 en 2016 a 1.399 en diciembre de 2017, vale decir creció en un 52,5%.
En 2018 se pasó de 1.398 expulsiones a 2.051, o sea aumentó en un 46,6%, y a partir de ese año y hasta diciembre de 2019 las expulsiones pasaron de 2.051 a 2.232, lo que supuso un incremento de apenas el 8,8%.
De la cifras anteriores se concluye que en 2019 se redujo el ritmo de expulsión casi 6 veces.
Cabe señalar que los autores del informe enfatizaron en que a partir del 2018 hubo un cambio en la política de expulsiones.
Según el investigador y académico de la UCSH, Eduardo Thayer, “estas realidades no sólo nos permiten entender el impacto de las políticas de frontera en las vidas de las personas sino también nos notifican la forma en que se expresa hoy en Chile la extrema precarización de las trayectorias migratorias. Vivir con un decreto de expulsión a cuestas supone para unas personas estar totalmente excluida no sólo de la esfera pública y de los derechos sino también de parte importante de los servicios que proveen privados”.
El informe fue apoyado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y está basado en los registros oficiales del Ministerio del Interior.
