El fiscal oriente Andrés Iturra presentó la acusación en contra de dos imputados en la investigación que permitió incautar un fusil AK-47, cientos de municiones y otras armas de menor calibre, revelado en febrero de 2020 por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Lea la acusación
En el documento ingresado en el Cuarto Juzgado de Garantía, solicitó penas efectivas en contra de Eugenio Gutiérrez Manzi y Matías Ugalde Vásquez, que sumándose, ascienden a 23 años en total.
En el documento Iturra pidió para el caso de Ugalde Vásquez una condena de 7 años por tráfico de municiones, 3 por la tenencia y otros 7 años por tenencia ilegal de las mismas, pero uso bélico. En total, 17 años de pena efectiva.
En el caso de Gutiérrez Manzi el fiscal Iturra solicitó una sanción de 4 años por el porte ilegal de arma de fuego y 2 por tenencia de municiones. En suma, seis años.
Ugalde Valdés, además de esta investigación, también registra condenas por giro doloso de cheques, estafas y falsificaciones.
Los hechos materia de la investigación aparecieron gracias a las escuchas telefónicas ordenadas por la Fiscalía Oriente, donde se detectó el intento de venta de un AK-47 por 1 millón 500 mil pesos.
La publicación derivó en la detención y formalización de cinco imputados, cientos de municiones, como también el arma señalada, pistolas, rifles, entre otros.
En la oportunidad, el análisis que la PDI realizó a las interceptaciones telefónicas, indicaba que el armamento podría estar destinado a abastecer “a terceros”, para cuando se reanudara el estallido social en marzo de 2020, lo que finalmente fue descartado en la indagatoria.
Tal como informó este medio en febrero de 2020, el perfil de los entonces detenidos, era ser fanáticos de las armas, ABC1 y pinochetistas.
Actualmente el fiscal Urrutia mantiene abierta otra investigación ligada a los mismos hechos, pero solo referida al AK-47, donde aparece como imputado José Joaquín Valdés, quien sería el dueño del arma.
Tanto a Gutiérrez Manzi como a Ugalde Vásquez el organismo también pidió que sean condenados a pagar las costas de la causa y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Armas en libertad
En noviembre pasado, en tanto, otros dos imputados fueron condenados a penas sin cárcel.
Se trata de Carlos Valdés Palacios quien fue sancionado con una pena de 3 años y un día como autor de tenencia ilegal de armas.
Catalina Urrutia Searle, a dos años en calidad de encubridora por el porte de arma de uso bélico. Ambos cumplirán la sentencia en libertad, luego del juicio abreviado.
Lea la condena
Felipe Moraga, quien patrocinó a Urrutia Searle, manifestó que fue un caso “muy complejo”.
Apuntó a que el trabajo de la defensa y que el “Ministerio Público aplicó el principio de objetividad, se pudo establecer que nuestra patrocinada no tuvo participación como autora del delito de porte de arma de uso bélico, sino solo en calidad de encubridora y se le aplicó la remisión condicional de la pena”.
El condenado Valdés Palacios tuvo el mismo beneficio. Su abogado Daniel Mackinnon indicó que su cliente fue sancionado sólo por mantener solo un arma, previo fallo del Tribunal Constitucional en su favor, “pudiendo acceder a un juicio abreviado con el beneficio de la libertad vigilada intensiva”.
