Una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció reiterados incumplimientos por parte de organismos sanitarios, como solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo. En el caso de la Subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión.
El CPLT decidió instruir investigaciones sumarias a las subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, al constatar solicitudes de acceso a la información sin respuesta y otras fuera de plazo acorde a lo establecido por la Ley de Transparencia.
Tras fiscalizar a 25 organismos del sector salud en tiempos de pandemia –incluyendo las dos subsecretarías, seremías, servicios de salud y hospitales- en un 76% de los casos evaluados (más de 260 solicitudes de acceso a la información) se habrían establecido infracciones a normas de derecho de acceso a la información.
Sobre el proceso, la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente, subrayó la relevancia del acceso a información de entidades públicas en contextos de crisis.
“En el marco de una emergencia sanitaria como la que generó el coronavirus, tener acceso a información oportuna puede salvar vidas”, advirtió.
CPLT destacó importancia de contar con información
Destacó además que contar con antecedentes de fuentes oficiales “colabora con el proceso de toma de decisiones y permite ejercer control por parte de la sociedad sobre lo que se hace y las decisiones que se toman”.
Lo anterior, dijo “es central, puesto que ayuda a reconstruir o reparar la confianza y dota de legitimidad a las acciones que emprenden las autoridades, cuestión esencial si lo que se busca es que las personas acaten las medidas que se toman para el cuidado de todas y todos, más aún si se espera un aumento en los contagios”.
La politóloga explicó que el Consejo Directivo estableció al inicio de la emergencia sanitaria que el derecho a acceder a información pública se mantenía en el contexto del estado de excepción constitucional.
En ese sentido, la presidenta del CPLT detalló que “en un contexto de pandemia era importante saber qué estaba pasando en materia de acceso a la información no sólo para controlar recursos, sino también para saber si las entidades estaban respondiendo a requerimientos de información, que en contextos de crisis transforman a la información en un insumo clave”.
De la Fuente comentó que tras una serie de procesos focalizados en materia de compras –como test rápidos-, residencias sanitarias, entre otros, “el equipo de fiscalizadores del Consejo identificó que de manera consistente algunos servicios no respondían a las solicitudes de información o lo hacían de forma extemporánea, lo que levantó las alertas para desarrollar un proceso centrado en este tipo de incumplimientos”.
En algunos casos, como el de la Seremi de Salud de Los Lagos, no fue posible acceder a los expedientes administrativos, por omisión desde los organismos o ausencia de respuesta a los requerimientos de la Dirección de Fiscalización del CPLT.
También destacaron por altos niveles de incumplimientos y entrega parcial de expedientes el Servicio de Salud de Concepción y el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.
Duras sanciones
La titular del Consejo enfatizó en que “es comprensible que las funciones que deben desarrollar los funcionarios de las entidades sanitarias se hayan visto afectadas por la pandemia”.
Sin embargo, apuntó a la necesidad de dar continuidad a las acciones pro-transparencia en un marco de crisis de confianza institucional.
“Se puede entender que haya más dificultades para responder, pero nada justifica el incumplimiento de la ley, ni siquiera el estado de excepción constitucional. De hecho, es parte de las advertencias que en el contexto de la pandemia hizo la Corte Interamericana de Derecho Humanos y que el Consejo reconoció ampliamente”, sentenció.
Respecto de la situación de la subsecretaría de Salud Pública, el CPLT identificó requerimientos de información que no registraban ningún tipo de gestión desde 2019. Otro hallazgo fue que en 9 de 10 de las solicitudes sin respuesta a las que se hizo seguimiento fueron respondidas durante el proceso de auditoría.
En cuanto a las sanciones que podrían derivar de estas investigaciones sumarias –que tienen un plazo para resolverse de 60 días-, se contemplarían multas que van de entre un 20% y un 50% de las remuneraciones del jefe de servicio, es decir, de los subsecretarios.
En el caso de Redes Asistenciales ésta no sería aplicable tras la renuncia de Arturo Zúñiga.
En el caso del resto de los servicios, se otorgó un plazo de 90 días desde que fueron notificados de los resultados del proceso para regularizar la situación, previo a que se inicie una nueva fiscalización.
Registros voluntarios
El proceso, desarrollado entre julio y octubre, se basó en la selección aleatoria de solicitudes de acceso a la información a partir de los registros del Portal de Transparencia del Estado, plataforma electrónica cuya adscripción resulta voluntaria para las entidades públicas, bajo la administración del Consejo para la Transparencia.
Ante la identificación de importantes volúmenes de solicitudes de acceso a la información con plazos vencidos y sin respuesta registrada en el Portal de Transparencia del Estado en entidades de salud, sobre el 60% del total en trámite, la fiscalización se dirigió específicamente a los organismos del sector salud que presentaban proporcionalmente más casos en esa situación.
