La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a su segundo trámite constitucional al proyecto que establece un período extraordinario de postulación a los beneficios estudiantiles en la educación superior.

La iniciativa busca obligar a las instituciones a fijar planes flexibles de pago de aranceles para aquellos estudiantes afectados económicamente por la pandemia. Si bien la medida es rechazada por el Gobierno, se aprobó con votos favorables de parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional.

Hasta la comisión de Educación del Senado llegará en los próximos días el proyecto presentado por los diputados de oposición, el cual fue objeto de reserva de constitucionalidad por parte del oficialismo debido a que fija la apertura de un proceso extraordinario de postulación a la gratuidad, becas y créditos en la educación superior.

Punto por el cual gran parte de la discusión de la sala de la Cámara giró en torno a su inconstitucionalidad, ya que la medida —según estimaciones de la Dirección de Presupuestos— costaría entre 100 a 120 millones de dólares.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) acusó a los parlamentarios de oposición de engañar a la gente al aprobar mociones inadmisibles, medida que, sin embargo, dice compartir, por lo que llamó al Gobierno a abrir un nuevo período de postulación para el segundo semestre.

“Yo estoy completamente de acuerdo con esa medida. No estoy de acuerdo con que los señores parlamentarios lo podamos proponer, va más allá de nuestras atribuciones, va más allá de nuestras reglas y me parece que es una venta de humo que lamentablemente se ha hecho un poquito común”, sostuvo.

Pese a la postura del diputado Bellolio, sus pares de la UDI, Pedro Álvarez-Salamanca y Javier Hernández, además de René Manuel García (RN), también estuvieron por aprobar la medida.

En tanto, el diputado socialista, Marcelo Schilling, emplazó al Gobierno a acudir ahora al Tribunal Constitucional si lo estima, reiterando que están los recursos para financiar un nuevo proceso de postulación a los beneficios estudiantiles, como son los US$120.000.000 que no se ocuparon de la reasignación presupuestaria que realizó el Ejecutivo.

“Consultado por cuánto costaba fiscalmente este proyecto, dijo US$132.000.000, ese es el informe financiero del Gobierno. El Gobierno tiene la plata, lo que no tiene (…) es la voluntad y por eso reitero mi apelación al colega Bellolio, que se dirija al Gobierno (y) que le vaya a contar que hay un problema y que lo haga y que ponga la plata para esto”, mencionó.

La moción establece además que las instituciones deberán crear planes de pago flexible de aranceles para los estudiantes que se vean afectados financieramente por la pandemia. Medida que según el ministro de Educación, Raúl Figueroa, podría causar que quienes puedan pagar, dejen de hacerlo.

“Hay que tener precaución con legislar de una forma tal que, identificando un problema —y en eso obviamente yo no juzgo las intenciones, al contrario, trato de buscar mecanismos de ayuda hacia los alumnos— que no se genere un nuevo problema y eso ocurre en la práctica cuando se dejan ciertas ambigüedades respecto de quienes son los alumnos que podrían verse beneficiados por un plan de ayudas que las instituciones ya están implementando”, adujo.

El ministro Figueroa agregó que se ha planteado como solución que las universidades del Consejo de Rectores puedan usar los excedentes del Fondo Solidario de 2019, siempre y cuando compartan los recursos con los planteles privados que no pertenecen al Cruch.