Luego que la Contraloría General de la República determinara esta semana que el Servicio Civil no tiene facultades para ordenar el regreso de los funcionarios públicos a sus labores de manera presencial, desde el órgano aludido señalaron que solicitarán una reconsideración del dictamen.
Fue el pasado 20 de abril cuando el Servicio Civil emitió el oficio N° 429, donde entregó instrucciones para elaborar las resoluciones y planes de retorno gradual de las funciones en los ministerios y servicios públicos de la Administración del Estado.
Sin embargo, este miércoles la Contraloría General de la república se pronunció con respecto al oficio, señalando que “la Dirección Nacional del Servicio Civil carece de atribuciones para emitir el oficio N° 429 de 2020, que ordenó el regreso de la Administración Pública a sus puestos de trabajo”.
En consecuencia, determinaron que en esta situación de emergencia, las personas que tienen esa atribución son los jefes de cada servicio.
Ante esto, desde el Servicio Civil emitieron una declaración donde señalan que “esta Dirección solicitará una reconsideración del dictamen referido a Contraloría General de la República, a objeto de precisar las atribuciones que el legislador entrega a este servicio público y dar cuenta que no contraviene los fundamentos del dictamen en referencia”.
Desde el organismo aludido argumentan que el ente contralor “no cuestiona la aplicación y vigencia del plan de retorno gradual (…) de los ministerio de Interior y Seguridad Pública y Hacienda”.
Además, menciona que “siempre esta Dirección Nacional ha señalado que son las jefaturas de servicio a quienes corresponde adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico confiere para proteger la vida y salud de los servidores”, alineándose con el dictamen de Contraloría que indicaba que dicha responsabilidad correspondía a los jefes.
En los siguientes puntos el Servicio Civil esgrime una serie de normativas donde argumenta que se le confieren atribuciones como órgano asesor y supervisor en políticas públicas. En dichos puntos añaden además una instrucción solicitada por los ministerios de Interior y Seguridad Pública y Hacienda en relación a esta materia.
