Listo para ser revisado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados quedó el proyecto de reforma constitucional que permite el resguardo de infraestructura crítica, luego de ser despachado de la comisión de Constitución, en medio de críticas cruzadas entre el Gobierno y la oposición.
La iniciativa se despachó con algunas modificaciones, como por ejemplo acotar el concepto de la infraestructura crítica sólo a las relativas a servicios básicos -como agua, luz, transporte, entre otros-, dejando fuera recintos como La Moneda, el Ministerio Público o los Tribunales, como venía del Senado.
El presidente de la comisión de Constitución, el diputado de la DC Matías Walker, explicó algunas de las indicaciones que él mismo presentó.
Distinta suerte corrió el diputado socialista Leonardo Soto, cuyas indicaciones en su mayoría fueron rechazadas.
Al respecto, el parlamentario sostuvo que si bien probablemente el proyecto no podía mejorarse, sí se podía dar mayor control a facultades que pudieran tener efectos negativos.
Su colega de partido, Marcos Ilabaca, fue uno de los parlamentarios que votó en contra cada artículo e indicación, asegurando que esta iniciativa da cuenta del fracaso de las policías.
El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, consideró que es una herramienta necesaria.
Una de las principales críticas a la iniciativa por parte de la oposición es que supuestamente busca criminalizar el movimiento social, con facultades adicionales a las Fuerzas Armadas.
Al respecto, el ministro de Defensa, Alberto Espina, calificó los cuestionamientos como una imputación injuriosa.
Luego de ser votado en Sala, el proyecto debe volver al Senado y algunos apuestan a que incluso podría llegar a una comisión mixta.
