El Senado no votó hoy el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, iniciativa que se encuentra a contra reloj, ya que el Gobierno dio plazo hasta el próximo miércoles para que sea despachado a ley con suma urgencia.
El debate se entrampó en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se esperaba que el Ejecutivo presentara una nueva propuesta luego de la negativa entregada por la Cámara de Diputados esta madrugada, instancia que votó a favor del proyecto en general, pero en contra del monto y el procedimiento para definir a los beneficiarios.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro, advirtió que mientras el Gobierno no entregue una nueva propuesta y no se siente a conversar, no se citará para discutir la iniciativa.
El proyecto en concreto busca beneficiar a aquellas familias que no cuenten con ningún ingreso formal, ni tampoco con algún beneficio estatal.
En estos momentos, la iniciativa se encuentra tal y como fue despachada por la Cámara, es decir, sin monto ni mecanismo.
Antes de ser rechazado, el texto exponía una tabla donde se definían los tres aportes, categorizados conforme al número de personas que integra cada hogar beneficiado.
En la base de la tabla se encontraba un hogar unipersonal, el que recibía en su primer aporte 65 mil pesos; en el segundo, 55 mil 250 pesos; y en el tercero, 45 mil pesos.
Lo anterior ha sido calificado como insuficiente y si el Ejecutivo no propone un nuevo monto, el proyecto corre el riesgo de ser rechazado.
De todos modos, el senador RN José García Ruminot mostró optimismo, indicando que confía en que se llegará a un acuerdo dentro de plazo.
El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, argumentó que el Gobierno está trabajando para entregar medidas concretas, sin quedarse en promesas.
Por su parte, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, adelantó que la próxima semana se citará a dos sesiones diarias de dos bloques cada una, para continuar con la tramitación de la iniciativa.
En tanto, aún no hay fecha para que sesione la Comisión de Hacienda para negociar con el Gobierno el monto y el procedimiento para elegir a los beneficiados.
