Trabajadores de la industria de la salud acusan un uso injustificado de la Ley de Protección al Empleo por parte de clínicas privadas. Según cifras del Gobierno, más de 66 mil compañías ya han solicitado reducir la jornada o suspender el contrato de casi 520 mil trabajadores. La ministra Zaldívar comprometió una rigurosa fiscalización.

Primero fueron las cadenas multinacionales del retail y ahora la industria de la salud, donde clínicas privadas como la Red Christus UC, la Clínica deportiva MEDS o la clínica de la Universidad de Los Andes, son cuestionadas por acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

En el caso de la firma ligada a la norteamericana Christus Health y a la Pontificia Universidad Católica en Chile, se suspenderán o ajustarán los contratos de un 30% de los trabajadores, mientras que otro 35% hará una reducción voluntaria de su salario.

En la institución argumentan que la caída de las prestaciones ha obligado a tomar esta decisión, tomando en cuenta que las atenciones ambulatorias han caído en un 80% y las hospitalarias en un 60%, mientras que los insumos médicos han aumentado hasta siete veces su valor.

Los trabajadores, sin embargo, consideran injusta la decisión, tomando en cuenta el respaldo financiero con que cuenta la red de salud.

Así lo plantea Delfín Levicoy, vocero de ocho agrupaciones sindicales de la Clínica Universidad Católica, asegurando además que la decisión no se justifica cuando la actividad en general ha ido recuperando dinamismo.

El conflicto se da en medio de un aumento en las solicitudes para acogerse a la Ley de Protección al Empleo, que desde el último balance aumentaron en torno a las diez mil, de las cuales un 92% son micro o pequeñas empresas.

De esta manera, las compañías que solicitan el beneficio suman más de 66 mil, afectando en total a casi 520 mil trabajadores.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, reiteró que el tamaño y el sector donde se desempeñen las empresas no es relevante para postular a esta modalidad, siempre que no estén capacitados para cumplir con sus obligaciones contractuales, lo que aplica también para las clínicas.

Destacar que no solamente Christus UC, sino que también otras clínicas privadas, se han acogido a esta norma.

La Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, Fenassap, manifestó su rechazo a estas decisiones con un llamado a denunciar posibles abusos, tal como lo explicó su presidenta, Gloria Flores, lamentando lo que a su juicio es una contradicción ética.

En el Congreso aún hay un debate pendiente al respecto de modificaciones por incorporar a esta ley, que se espera sean abordadas este martes en una comisión mixta de parlamentarios.

En la oposición adelantaron que buscarán establecer parámetros relacionados con limitar el reparto de dividendos y también las dietas del directorio de las empresas involucradas.

El diputado DC, Gabriel Silber, aseguró que también podría regularse qué tipo de empresas se acogen, mientras que su par de Renovación Nacional, Alejandro Santana, se abrió a focalizar la medida.

De acuerdo a la ministra, habrá una fiscalización para verificar que las compañías que soliciten el beneficio hayan perdido utilidades o ventas, o que hayan hecho otros esfuerzos de austeridad, como reducción de sueldos y gastos.

De lo contrario, las sanciones incluyen desde tres a cinco años de presidio; la devolución total de los recursos indebidamente percibidos, al doble; y la prohibición de adquirir contratos con el Estado por dos años.