El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió este jueves la solicitud de la defensa y revocó la prisión preventiva y dejó con arresto domiciliario total y arraigo nacional a Felipe Cerda Cerda, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de desórdenes públicos en marzo pasado.
En concreto, se trata de uno de los 44 detenidos como supuestos miembros de la “primera línea”, 28 adultos y 16 menores de edad, que fueron capturados en el centro de Santiago.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares, el magistrado Jaime Fuica Martínez consideró que estando acreditado la comisión del delito y la participación de Cerda en los hechos, y estando el Ministerio Público de acuerdo con el cambio de cautelar, “un régimen de arresto domiciliario total, asociado a arraigo nacional, aparece como adecuado y proporcional”.
Según el ente persecutor, aproximadamente a las 17:30 horas del martes 3 de marzo de 2020, el imputado se reunió con otros individuos, en la intersección de las calles Ramón Corvalán Melgarejo y Carabineros de Chile, a una cuadra de Plaza Baquedano, donde habría bloqueadoel tránsito peatonal y vehicular, utilizando para ello elementos contundentes y la activación de extintores.
Posteriormente, el grupo habría tomado parte en el lanzamiento de objetos contundentes contra personal de Carabineros y vehículos policiales y particulares, por lo que personal policial procedió a su detención, alrededor de las 18:30 horas.
La justicia ha cambiado las medidas cautelares al grupo en reiteradas ocasiones. En principio habían quedado en prisión preventiva, pero luego con firma mensual.
Posteriormente, tras la apelación del Gobierno, en un extenso ida y vuelta, el lunes pasado la Corte de Apelaciones volvió a endurecer la medida mediante el arresto domiciliario total a 12 imputados, a cuya situación se sumó Cerda este jueves.
Eso sí, fuentes de Radio Bío Bío señalaron que sólo unos 16 detenidos fueron puestos en el régimen de arresto domiciliario, pues los otros -tras el otorgamiento de la firma mensual- se mantienen prófugos y no fueron encontrados cuando se decretó el cambio de cautelares. En tanto, los menores de edad, se mantienen bajo vigilancia del Sename.
