Jueces de Garantía defendieron ante el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, que los controles de detención deberían continuar realizándose en comisarías de Carabineros mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Para esto, argumentaron que en los calabozos de tribunales, donde los detenidos permanecen por horas después de ser trasladados, tanto imputados como los gendarmes y policías arriesgan contagiarse con la enfermedad.
Tras la solicitud, el pleno del máximo tribunal les pidió un informe a diversas instituciones para que en 48 horas den a conocer cómo ha estado funcionando esta modalidad, adoptada en varios recintos en línea con las medidas de aislamiento social impulsadas por el Ministerio de Salud.
“Desplazar a los imputados al Centro de Justicia, será exponerlos gratuitamente al contagio y muchas veces significará firmar su sentencia de muerte”, afirmaron los jueces en la petición.
Defendieron, por ello, el modelo provisorio que diseñaron, afirmando que “ha sido pensado para salvar vidas: las de los imputados, que no serán obligados a un mayor contacto, las de los policías que mantendrán a los imputados por menor tiempo en sus espacios y que solo trasladarán a un número menor respecto del cual se haya decretado prisión preventiva, de los gendarmes que serán expuestos a menor carga viral de la que soportarían de recibirlos a todos”.
La medida ha sido resistida por las autoridades de las subsecretarías de Interior y de Prevención del delito, argumentando que distrae a los carabineros de sus funciones, considerando además que éstos no están capacitados para realizar este tipo de audiencias en sus dependencias.
Revisa la petición de los jueces y sus argumentos en detalle:
