Tras la presentación de una querella por parte del Gobierno por incitación a la subversión del orden público en contra del ex mirista Jaime Castillo Petruzzi, infracción que se habría generado a partir de un discurso de presentación de un libro de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) en Santiago hace un mes, el líder de la entidad mapuche, Héctor Llaitul, defendió a Castillo.

“Nosotros pensamos que esta medida represiva, que pretende silenciar al hermano Jaime Castillo Petruzzi, tiene que ver también con una política direccionada en contra de los proyectos políticos que levantamos desde la causa mapuche. Particularmente, el pensamiento y acción que se retrata en un texto en el cual participó como exponente Jaime y por lo mismo sentimos que su participación, de alguna manera acompañando y solidarizando con nosotros, le trajo esta consecuencia”, dijo Llaitul.

En el mismo sentido, Llaitul dijo que “a su vez, pensamos que desde el Gobierno de derecha, como un representante del empresariado, sienten un temor a las propuestas políticas que se levantan de los oprimidos. En esta ocasión, desde la causa mapuche y también lo que representa la figura de Jaime, la posibilidad de levantar un proyecto político para la liberación de los chilenos, es algo que ellos deciden enfrentar con esta medida represiva”.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, en su edición de hoy, el Ministerio del Interior, representado por el abogado Eduardo Riquelme, se querelló en contra de Castillo Petruzzi, quien, según la publicación, es un ex mirista y vinculado con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

La presentación del libro “Chem Ka Rakiduam, pensamiento y acción de la CAM” a la que alude Interior se realizó el 16 de enero pasado en la capital y según consigna la querella, Castillo habría señalado ante un grupo de personas: “diversas expresiones que incitan a la subversión del orden público. Habló de la guerra de guerrilla, de desgaste y sabotaje, y planteó la posibilidad de establecer un poder militar superior que enfrente a las Fuerzas del Estado chileno con el fin de hacer colapsar ‘la columna vertebral de la Defensa del Estado’, en sus propias palabras, pues representan un impedimento para alcanzar sus ideales políticos”.

La querella fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se invocó la Ley de Seguridad del Estado.