El 10 de febrero de 2010 comenzó a regir la Ley Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, normativa que buscaba asegurar derechos tales como una vida independiente, accesibilidad y diseño de entornos, bienes y servicios y participación social.

No obstante, a diez años de su promulgación, un informe de la Fundación Chilena de Discapacidad asegura que dichas garantías no se han concretado y la sociedad aún presenta falta de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad, tanto en el sistema público como en el privado.

En ese sentido, el presidente de la entidad, Matías Poblete, emplazó a las autoridades a mejorar la autonomía de este sector de la población.

“Necesitamos poder realizar nuestros trámites de forma autónoma y segura, sobretodo en el servicio público y al no existir información en sistema braille y al no existir intérpretes en lengua de señas, las personas con discapacidad sensorial no saben, por ejemplo, lo que están firmando y esto también ocurre en notarias, en conservadores de bienes raíces y en bancos y financieras, por lo tanto estimamos que es necesario que se regule respecto de esta materia”, sostuvo.

Al respecto, el director subrogante del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Francisco Subercaseaux, valoró avances tales como la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral y la modificación de la Ley de Tránsito, que eleva las multas a quienes usen estacionamientos preferenciales, sin embargo, la autoridad también señaló la necesidad de un cambio cultural para mejorar la integración social.

“Uno de los cometidos más importantes es el cambio cultural (…) tenemos que darnos cuenta que la discapacidad es una variable que está latente en la sociedad en un porcentaje cercano al 16% o sea hay 2.800.000 chilenos que tienen algún tipo de discapacidad, por lo tanto, como servicio tenemos que, primero, visibilizar el tema de la inclusión”, aseguró.

Según un estudio realizado por Senadis entre 2017 y 2018, se constató que de mil edificios públicos catastrados, solo el 12% cumplía con los estándares de accesibilidad exigidos por la ley.