En 2019 se anotó el registro más alto de denuncias en el Ministerio Público desde el inicio del Sistema Procesal Penal.
Desde la Fiscalía destacaron que, pese a que el último trimestre estuvo marcado por el “estallido social”, y aunque se triplicaron los delitos de desórdenes públicos y apremios ilegítimos, éstos no significaron una variación significativa en el total anual.
Según reveló el informe estadístico anual de la institución, se da cuenta de 1.455.535 denuncias, es decir, 124.184 más que en 2018, lo que representa un alza del 9,3%.
De esta forma, el reporte observa que dicha alza sólo puede ser comparada con lo evidenciado en 2011, cuando ingresaron 131.726 denuncias más que en 2010, cuando el país se vio afectado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero.
Asimismo, el reporte para 2019 indica que los delitos que más aumentaron entre octubre y diciembre de dicho año estuvo ‘robo en lugar no habitado’, incluyendo los ‘saqueo’, desórdenes públicos, y daño simple.
Fraudes a la cabeza
El 92% de los delitos adicionales ingresados en 2019, indicaron, se explica por el incremento en las categorías de delitos económicos y tributarios (38.654); delitos contra la libertad e intimidad de las personas (20.010); otros delitos contra la propiedad (15.098), lesiones (14.960); hechos de relevancia criminal (11.875); otros delitos (7.708); delitos de tortura (5.680) y delitos sexuales (4.378).
Del total de casos ingresados, 650.631 presentaron imputado conocido, mientras que los restantes 857.719 casos presentaron imputados desconocidos. Lo anterior podría afectar la calidad de los términos obtenidos, que en el periodo que observó una 37,84% de salidas judicial y un 62,16% de salidas no judiciales, de ellos 881.228 archivos provisionales.
Del total de casos terminados judicialmente, se obtuvieron 209.914 condenas y 132.859 salidas alternativas, ya sea Suspensión Condicional del Procedimiento o Acuerdo Reparatorio.
El “estallido”
Desde el Ministerio Público clarificaron que, si bien entre el 18 de octubre -tras el “estallido social” y el 31 de diciembre no se observó una variación significativa de denuncias respecto del mismo periodo anterior, éste sí incidió en la variación porcentual de los delitos denunciados en todo el año.
Es decir, la proporción comparativa entre unos delitos y otros.
Mientras se registró un aumento histórico en el ingreso del delito de desórdenes públicos, que aumentó un 378%, y el de apremios ilegítimos, que subió un 249%; casi todos los delitos contra la propiedad disminuyeron, a excepción del robo en lugar no habitado que subió un 11,3% anual, explicado probablemente por los múltiples saqueos ocurridos en el país.
Entre los delitos que con mayor frecuencia se presentaron en audiencias de control de detención (ACD) en el lapso post-estallido, y en los que también se observó una mayor variación respecto de igual periodo de 2018, destaca el robo en lugar no habitado que creció un 113,6% y los desórdenes públicos que aumentaron un 4.433,9%.
Por el contrario, se observó en estas audiencias una ostensible disminución de los delitos de hurto falta (-49%), robo por sorpresa (-40%), microtráfico (-39%) y robo con intimidación (-33%).
Del total de imputados llevados a ACD entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 (54.442), 45.501 fueron detenidos en flagrancia, lo que equivale a un 84% del total de ACD.
En total, hubo 36.745 imputados formalizados, de los cuales 4.032 quedaron privados de libertad, mientras que 33.189 con otras medidas cautelares, entre ellas 6.480 con prohibición de acercarse a la víctima y 4.548 con prohibición de acercarse a un lugar.
Derechos Humanos
En materia de Derechos Humanos, destaca que desde el inicio de las manifestaciones sociales en el país y hasta el 30 de noviembre pasado, las víctimas por violaciones a DDHH que conoció el Ministerio Público alcanzaron los 5.558 personas, siendo 4.525 adultos y 834 niños, niñas y adolescentes.
Citando información de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, del total de víctimas, 4.525 son hombres y 1.031, mujeres, mientras que en términos etarios, 4.719 son adultos y 834 son niños, niñas o adolescentes.
Entre el total de víctimas, 21 han acusado discriminación por pertenecer a diversidades sexuales, mientras que otras 19 se han identificado como mapuches. Respecto de las personas extranjeras víctimas de violencia institucional, el total asciende a 75 personas, que en su mayoría son ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos.
Las lesiones por armas de fuego suman 1.938 víctimas, de las cuales 285 denunciaron daño ocular.
Respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado; 4.158 denuncias se relacionan al delito de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos; 1.038 corresponden a abusos contra particulares y los casos de torturas anotaron 134.
En aquellos casos relacionados a delitos de connotación sexual, y según la información entregada por las víctimas al momento de hacer la denuncia, 192 personas habrían sufrido desnudamientos; 67 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual; y 15, amenazas de cometer delitos sexuales en su contra.
Sobre el lugar en el que se cometieron los actos de violencia institucional, 3.798 personas indican que ocurrieron en la vía pública; otros 582 habrían sido perpetrados en comisarías, brigadas policiales o recintos militares. Adicionalmente, 72 personas denunciaron que los hechos habrían ocurrido al interior de sus domicilios particulares; 202 en carros policiales; y 79 en locales comerciales, entre otros.
A pesar de que se registran casos en todas las regiones del país, la mayoría de las violaciones a los Derechos Humanos las concentra la Región Metropolitana, con 2.650 víctimas. Valparaíso es la segunda región con mayor número de víctimas, con 776 y la sigue Biobío con 409 personas.
Del total de víctimas, 4.170 personas denunciaron a Carabineros como los responsables de violencia institucional y a la fecha, 294 funcionarios de la institución han sido individualizados. Respecto del resto de instituciones denunciadas, el Ejército suma 244 denuncias; la PDI alcanza 96; y otras 27 denuncias apuntan a funcionarios de la Armada de Chile. Actualmente existen 38 agentes del Estado formalizados por uno o más delitos.
Dada la naturaleza de las denuncias y quienes son sindicados como los presuntos responsables, la Fiscalía dijo haber desplegado a sus equipos de Atención a Víctimas y Testigos en distintos centros de salud para recoger relatos de los afectados, lo que ha permitido abrir de oficio 114 investigaciones, que no estaban presentándose.
Otros 1.404 casos han sido conocidos por denuncias de las víctimas, tras las audiencias de control de detención; en tanto que otros 3.545 casos fueron denuncias presentadas ante fiscalías locales o recintos policiales.
Muertes en contexto del estallido social
Desde el inicio de las manifestaciones sociales, el pasado 18 de octubre, se ha registrado el fallecimiento de 31 personas en el contexto de estas protestas, todas actualmente con investigación abierta a cargo de la Fiscalía de Chile.
En cuatro de estos casos, la muerte es atribuible a agentes del Estado, mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en comisarías.
De las 25 personas restantes, sólo queda por identificar a un fallecido encontrado en los escombros del incendio que afectó a una tienda Hites en la Región de Valparaíso.
