El pasado 27 de diciembre de 2019 la Contraloría General de la República aprobó un sumario administrativo a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), donde se señalan graves faltas al principio de probidad por parte de miembros del Ejército.

La DGMN es un servicio público centralizado de la administración del Estado, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y que está compuesto en su mayoría por personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros.

Dicha repartición tiene como fin asesorar al Ministerio de Defensa en materias y actividades que guarden relación al reclutamiento y movilización militar; control de armas y explosivos; control de artes marciales; control de tiro ciudadano; y control de armas químicas y biológicas en Chile.

Fue este mismo organismo el que comenzó a ser investigado a través de una auditoria en 2016, donde la Contraloría constató irregularidades que involucran a 12 miembros, específicamente del Ejército de Chile, según informó La Tercera.

En el documento se proponen sanciones administrativas a los involucrados, a miembros activos y en retiro, donde incluso se llega a sugerir el retiro para varios involucrados como medida disciplinaria.

El general de división y actual Comandante de Operaciones Terrestres (COT), Esteban Guarda, quien además estuvo a cargo de la Parada Militar 2019, es sindicado en la investigación como uno de los involucrados debido a que en ese entonces se encontraba a cargo de la DGMN.

La investigación

La Contraloría sostiene, a través del documento, que se habrían traspasado fondos de una cuenta para fines administrativas a otra cuenta de “fondos internos”, recursos que fueron utilizados en alimentación y bebidas del personal a través de la comisión “rancho y cantina”.

Según señala el documento, “al interior de la DGMN funcionaban las denominadas ‘comisiones administrativas’ dentro de las que se encontraba la ‘comisión de rancho y cantina’, cuya creación solo se formalizó, a instancias de la auditoría realizada por esta Entidad de Control, mediante la resolución exenta N” 3.617, de 02 de noviembre de 2015″.

Los datos señalan que “la conducta acreditada en el expediente disciplinario en estudio importa una infracción grave al principio de probidad administrativa, en cuanto con ella se propendió a una vulneración del principio de legalidad presupuestaria, contemplada en los artículo 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República”.

“Toda vez que los instrumentos aludidos sirvieron de fundamento para el traspaso de recursos desde la cuenta corriente destinada al manejo de recursos presupuestarios hacia la cuenta de fondos internos, operaciones jurídicamente improcedentes”, sostienen.

El principio de probidad tiene reconocimiento constitucional en el artículo 8º inciso primero de la Constitución Política, donde se señala que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, motivo que obliga a todo funcionario público a ejercer sus labores con moralidad, integridad y honradez, siempre rigiendo su actuar en pos del bien mayor por encima del beneficio de un grupo específico.

En ese sentido, a Guarda se le hace responsable de tres hechos, siendo el primero “haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa, al autorizar la transferencia improcedente de recursos desde la cuenta corriente, destinada a la administración de fondos públicos (…) hacia la cuenta corriente apresurada para el manejo de fondos internos, vulnerando la rectitud de la ejecución de las normas presupuestarias, así como el adecuado ejercicio de las potestades públicas, lo cual afecta el interés general”.

El segundo hecho es haber “autorizado el empleo de recursos de la institución para la realización, en provecho propio o de terceros, y para fines distintos a los jurídicamente procedentes, de eventos tales como a) Champagne de ascenso comandante Carlos Eissman, de fecha viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10.00 horas, para 25 personas; b) Champagne de despedida subdirector general, de fecha 9 de diciembre de 2014, a las 12.00 horas, para 20 personas; y c) almuerzo despedida subdirector general, de 9 de diciembre de 2014, a las 13.00 horas, para 15 personas, para cuyo pago se utilizaron recursos presupuestarios consultados en la cuenta corriente de la DGMN, dando con ello preeminencia al interés particular sobre el general (principio de probidad)”.

Asimismo, el general también autorizó la realización de eventos, como un cocktail navideño el 24 de diciembre de 2014 y un evento de año nuevo para cerrar el 2014.

Además, se habría realizado un “café con torta de ascenso al comandante Carlos Eissmann, al cabo segundo Miguel Aburto y a Carlos Videla, a las 08:30 horas, todos ajenos a los fines institucionales, ocupando para ellos tiempo de la jornada de trabajo”.

La explicación de Guarda

En el documento también se presentan descargos, donde el general Guarda explica que al momento de asumir su cargo en el órgano las actividades ya estaban definidas.

“Reconoce haber autorizado el traslado de recursos, lo que se materializó por la suma de $ 15.404.690, indicando que dicha acción no habría sido deliberada, dado que la irregularidad en este sentido, al momento de los hechos, llevaba poco tiempo en el cargo de director general”, se sostiene en el documento.

Asimismo, se señala en el texto que “los procedimientos habrían sido propuestos por la jefa del departamento de Finanzas, mayor de Ejército, Leonor Garante, quien no advirtió ninguna anomalía o irregularidad respecto de los mismos”.

Del mismo, Guarda señaló que “atribuir a su actuación el carácter de falta grave a a probidad consiste en una calificación desproporcionada, ya que ‘desconoce’ la realidad de lo que implica dirigir personas”.

Además, el general asegura que “siempre ha procurado mantener buenas prácticas laborales, lo cual implica tomarse el tiempo para conversar con los funcionarios y hacer recesos a efectos de celebrar cumpleaños, celebrar un onomástico y un ‘amigo secreto"”.

Finalmente, se propone el retiro del general, asegurando que “se considera una falta grave al principio de probidad administrativa la ejecución de actividades, ocupar el tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”.

Por tanto, luego de que la Presidencia sea notificada, tienen 10 días hábiles para tomar las medidas propuestas o entregar más antecedentes del caso.