Antes del estallido social el juez del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, ya era conocido por algunos fallos. Sin embargo, después del 18 de octubre adquirió mayor notoriedad, sobretodo luego de su resolución del pasado martes 31 de diciembre, contra el “copamiento preventivo” en Plaza Baquedano.

El jueves algunos usuarios de Twitter coordinaron una campaña con el hashtag #RemocionJuezUrrutia, con mensajes acusando al magistrado de ser un “activista encubierto”.

A raíz de esto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura, impulsaron otra campaña donde exigen al Estado chileno garantizar la vida e integridad física Urrutia acusando amenazas y hostigamiento contra el juez.

Incluso el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, creado por el Papa Francisco, se sumó al solicitar al presidente Sebastián Piñera, que garantice la seguridad del magistrado Urrutia.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, señaló que “todo acto de amenaza es una cosa que tiene ser reprobada enérgicamente, cosa que hago, pero tendrá que seguir su curso. Alguien tendrá que evaluarlo, los encargados de la seguridad pública, en qué consisten estas amenazas y dar la protección correspondiente, como a cualquier otra persona”.

La máxima autoridad del Poder Judicial afirmó que desde el estallido social, los jueces de garantía han actuado oportunamente, porque a su juicio “protegieron al país”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, destacó el trabajo del magistrado Urrutia “quien hizo valer el derecho que tiene la persona, en movilizaciones pacíficas, de ocupar los espacios públicos”, dijo.

A la fecha, más de 2.700 personas de diversas partes del mundo han firmado la exigencia del cese de agresiones y amenazas contra el juez Daniel Urrutia.