Al Congreso llegó la búsqueda de protección social y salud para conductores de taxis colectivos, donde se espera que el impuesto específico a los combustibles se explore como financiamiento para regular una actividad que actualmente no fija una relación contractual formal.
La iniciativa responde a gestiones de la recientemente creada Coordinadora Nacional de conductores de Colectivos, cuyo dirigente nacional Miguel Espinoza Zuñiga, indicó que se pidió definir cuantas personas se dedican a la actividad.
Lo anterior, atendiendo que las cifras provenientes de la inscripción de vehículos del transporte menor bordea los 60 mil, lo que no reflejaría la cantidad de conductores.
Respecto al motivo para recurrir a financiamiento externo para atender la falta de protección social, el dirigente nacional sostuvo que la realidad de los chóferes hace imposible cubrir esa demanda.
En Osorno, Marcos Vera, representante de la coordinadora, sumó argumentos que defienden la iniciativa en búsqueda de revertir una actividad comercial desprovista de resguardos en una relación informal que se da ante la necesidad de empleo.
Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier, integrante de la Comisión del Trabajo y Transporte de la Cámara Alta, sostuvo que se trata de un tema complejo pero que se debe abordar, llamando a los conductores locales a fortalecer la unidad del sector.
En definitiva, la aspiración de la Coordinadora Nacional de Conductores de Taxi Colectivos, escalará un nuevo peldaño el próximo lunes, cuando expongan ante la comisión de transportes de la cámara de diputados.
