La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, dictó acusación en la investigación por fraude en el Ejército que sustancia por ilícitos que se habrían cometido en el Departamento de Apoyo a las Actividades Internacionales en la Misión de Paz Haití.

En la resolución, la ministra acusó a Felix Calderón Leiton como autor del delito de cohecho, en tanto, Antonil Velásquez Vigueras enfrenta acusación por soborno.

Los ilícitos se habrían cometido en la relación entre la División de Mantenimiento del Ejército (Divman) y la empresa Anpever, o la empresa Turra y Pino.

En la investigación, la ministra Rutherford Parentti logró establecer que en nueve ocasiones distintas, entre los meses de mayo de 2014 y abril de 2015, una empresa determinada (“Anpever” o “Turra y Pino”) se adjudicó 9 licitaciones para la prestación de servicios o suministro de repuestos de material o equipamiento desplegado en la misión de paz de Chile en Haití, por un monto total de $417.433.245.

Salvo un solo caso, en todas esas licitaciones el único oferente fue la empresa “Anpever”, empresa que, en cada oportunidad, ofreció el valor máximo que el Ejército de Chile estaba dispuesto a pagar por los respectivos suministros o servicios.

Asimismo se detalló que las licitaciones de mayor cuantía correspondían al mantenimiento de grupos generadores en Haití, respecto de los cuales la empresa “Anpever” efectuó un informe sobre su estado y condiciones, en forma previa a la licitación abierta para su posterior mantenimiento, adquiriendo de ese modo información privilegiada, a la que no pudieron acceder otros eventuales interesados.

Además, se señala que existió una única licitación en que hubo otra empresa participante (SMMI), empresa que recibió información incorrecta sobre aspectos relevantes en la fase de consultas.

La empresa Anpever es una sociedad de responsabilidad limitada que fue constituida en mayo de 2013 por un sargento segundo del Ejército de Chile, entre otros, el que entre los años 2013 y 2015 se desempeñó en la Jefatura de Mantenimiento (Jefman) y en el Cuartel General de la División de Mantenimiento (Divman).

Las licitaciones que se señalan estaban a cargo del Departamento de Asuntos Internacionales, órgano que está integrado por la Jefman y que es dependiente de la Divman del Ejército.

También un cabo segundo, que se desempeñaba en el Dapasint, estaba encargado de preparar las bases de esas licitaciones, de elaborar las respuestas a las consultas de eventuales interesados y, además, integraba con derecho a voto el Comité de Evaluación de las Ofertas, órgano decisivo para la adjudicación respectiva.

Posteriormente, y con motivo de las licitaciones adjudicadas, la empresa “Anpever” emitió las correspondientes facturas de cobro al Ejército de Chile, las que fueron pagadas en fechas que median entre julio de 2014 y marzo de 2016.

Con relación a lo anterior, se realizaron operaciones bancarias de traspasos de dinero de la empresa “Anpever”, o de su representante, Ever Turra, al sargento segundo del Ejército.

Se trataría de 43 transferencias electrónicas por un total de 90.868.993 pesos y dos depósitos en efectivo.

Ese sargento segundo del Ejército efectuó operaciones bancarias de traspasos de dineros al aludido cabo segundo del Dapasint, las que corresponden a 14 transferencias electrónicas, por un total de 4.400.000 pesos y dos cheques girados por las sumas de 1.500.000 y otro por 2.600.000.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)