Luego de la aprobación de la iniciativa que define un listado de siete situaciones que serán consideradas como desorden público, endureciendo las penas hasta cinco años en estos casos, la mesa de la Unidad Social rechazó la agenda de seguridad pública y la criminalización de las manifestaciones.

En un comunicado entregado a través de sus redes sociales sostuvieron que “con fuerza señalamos que entendemos la aprobación de este proyecto como una continuación de la declaración de guerra a los pueblos que hiciera Sebastián Piñera”.

Asimismo, defendieron su derecho a la protesta, “la desobediencia civil, y tal como establecen convenciones internacionales, nuestro derecho a la Huelga como Derecho Humano”.

El grupo, que engloba a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, asegura que han “sido parte de la digna lucha de los pueblos que durante más de 40 días se ha movilizado en las calles, en cabildos, trawün y asambleas, por transformar las condiciones de precarización de nuestras vidas, condiciones de miseria y exclusión en que hemos estado por más de 30 años”.

Según la agrupación, el proyecto penaliza con cárcel las siguientes formas de manifestación:

1) Paros laborales en ciertas actividades económicas que interrumpan servicios públicos
2) El derecho a la autodefensa frente a la represión policial
3) La interrupción del tránsito de personas o vehículos
4) Las tomas de terreno, de edificios y toda formas de reivindicación territorial
5) Castiga directamente a quienes han elegido organizarse junto a otras/os, estableciendo penas más graves en caso de que alguno de los hechos sean cometidos por participantes de “una agrupación y organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos” ya señalados.

En la misma línea, señalan que “los partidos de oposición y en particular el parlamento siguen sin entender la magnitud de la crisis y siguen sin hacerse cargo del estallido y la demanda social”.

“No se entiende que habiéndoseles insistido que rechazaran la agenda legislativa y los proyectos de un Gobierno que tiene menos del 10% de aprobación, continúen votando y peor aún aprobando sus proyectos en este caso los que tienden a criminalizar la protesta y la organización social. En los hechos le dan oxígeno a un gobierno que viola sistemáticamente los Derechos Humanos”, sostienen.

Finalmente, llaman a “frenar su tramitación propiciada por el gobierno, la derecha y parte de la ‘Oposición’. Además llamamos a seguir movilizados, a no ceder a las políticas de terror del Gobierno”.

En conversación con El Mercurio, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló han sido “muy claros al manifestar que para nosotros la desobediencia civil no es violenta. Es no colaborar con un sistema que a nuestro entender sea injusto y esa forma de lucha social es absolutamente legítima y está validada por declaraciones de convenios internacionales”.

Asimismo, explicó que la agenda del Gobierno “es una señal absolutamente fuera de sintonía con lo que está pidiendo la ciudadanía. El Gobierno insiste en su agenda represeiva, mientras no hay ningún avance en la agenda social”.

Mientras tanto en redes sociales la organización llamó a manifestarse el mediodía de este viernes en el frontis del ExCongreso nacional.