En medio de la crisis que afecta al país, el Consorcio de Universidades del Estado llamó a fortalecer la educación pública y situarla nuevamente como motor de la cohesión social. Los rectores expresaron que es necesario cambiar el actual modelo de financiamiento de la educación superior, mientras que desde el Ministerio de Educación tomaron distancia y se inclinan sólo por correcciones al sistema, en una mesa técnica que analizará el tema.

En la ocasión, el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, focalizó su análisis en el daño que a su juicio significó para la cohesión social, el abandono por décadas de la educación pública como un articulador de ésta.

Por tal razón, valoró la instancia que se abrirá tras la aprobación de la Ley de Presupuestos, en cuanto a la conformación de una mesa técnica para revisar el actual sistema de financiamiento de la educación superior, poniendo en el centro del debate el aporte que podría significar el fortalecimiento del sistema público, para alcanzar un nuevo orden social.

Para el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, la conformación de esta mesa técnica debiese ser el momento para que se revise el actual modelo de financiamiento, lo que incluso podría descomprimir la protesta que aún permanece en la calle.

Segregación del modelo que afecta más fuertemente a las universidades regionales, cuya realidad demográfica no es considerada al momento del financiamiento, como lo sostuvo el rector de la Universidad de Placha Ancha, Patricio Sanhueza.

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, se comprometió a instalar prontamente la mesa técnica de financiamiento, pero tomó distancia de un cambio del modelo tipo voucher y se inclinó más bien por correcciones al sistema.

Si bien la conformación de esta mesa técnica no tiene plazo de inicio, sí se estableció contar para fines de marzo próximo con un documento de avance sobre la discusión, donde el Gobierno pretende usar como insumo, las conclusiones surgidas del comité de rectores que revisó la implementación de la Ley de Educación Superior, pese a que lo referente al financiamiento no fue suscrito por todos.