El Ministerio Público abrió una investigación de oficio en contra del diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, con el fin de comprobar si cometió el delito de fraude al Fisco.

Esto, luego que el propio parlamentario reconociera en conversación con La Tercera haber utilizado el dinero que le entregaba el Congreso por concepto de arrendamiento de automóvil, para pagar deudas personales que arrastraba desde su última campaña electoral.

Con estos antecedentes, afirma el mismo medio, la Fiscalía Regional de Valparaíso resolvió iniciar una indagatoria para aclarar si efectivamente Eguiguren utilizó parte de su asignación parlamentaria para fines personales.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, adelantó que van a solicitar antecedentes de la situación directamente a la Cámara de Diputados.

“Lo que salta a primera vista es que podríamos estar hablando de un fraude al fisco por cuanto se trata de dineros que son entregados a los parlamentarios a modo de asignación parlamentaria para pagar servicios que entiendo sería el arrendamiento del vehículo y que en definitiva, ese dinero, en lugar de destinarse al pago del servicio, le habría dado un fin personal distinto”, indicó la persecutora al matutino.

“Por tanto, eso en principio podría ser un fraude al fisco. Y estamos, por cierto, abiertos a que en la indagación nos diera cuenta eventualmente de algún otro delito”, añadió Perivancich.

En tanto, acompañado del timonel RN, Mario Desbordes, este domingo Eguiguren aseguró que la deuda con la automotora -que destapó el desvío de recursos- ya estaba saldada.

Mientras, el mismo parlamentario difundió un comunicado en el que se desdice e indica que no utilizó el dinero para fines personales.

“Quisiera aclarar que estos recursos jamás pagaron deudas de campaña, ni personales”, sentenció a través del escrito citado por el rotativo.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)