Este viernes, en el 12°Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la audiencia del denominado “Caso Bombas”. Durante esta jornada, el tribunal negó una solicitud que realizó el Ministerio Público de quemar parte de la evidencia.
La decisión fue valorada por la defensora del único imputado en el caso, argumentando que gracias a esa prueba se permitió tener un perfil de ADN de su representado.
Los hechos se remontan a enero de 2017, cuando el entonces presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, sufrió un incidente con un paquete que detonó en su domicilio en La Reina.
En ese momento, quien era Presidenta de la República, Michelle Bachelet, sostuvo que al economista “la bomba le llegó como un regalo”, y calificó el hecho de repudiable.
Dos años pasaron, y fuentes del Ejecutivo confirmaron que una bomba que efectivos del OS9 de carabineros encontraron y desactivaron en la comuna de Las Condes iba dirigida al presidente del directorio de Metro, Louis de Grange.
Ambos hechos fueron adjudicados por el auto-llamado grupo “ecoterrorista” Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, donde, en esa oportunidad advirtieron que el día de mañana será otro ejecutivo importante.
A pesar de que había una fotografía del sospechoso rondando desde 2017 en los expedientes de la Fiscalía Metropolitana Sur, tuvieron que pasar casi 900 días para dar con su paradero. Fue recién en agosto de este año cuando efectivos del OS-9 de Carabineros detuvieron al presunto autor del envío de bombas a Óscar Landerretche y Louis de Grange.
Con 28 años, Camilo Gajardo Escalona enfrenta cargos por envío, colocación y activación de seis artefactos explosivos terroristas. La situación llevó a que el duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago lo formalizará y dejara con la medida cautelar de prisión preventiva.
El Ministerio Público, había solicitado quemar una parte de la evidencia que no se ha utilizado en la indagación, pero este viernes el tribunal negó la solicitud.
Por su parte, la abogada de la Defensoría Penal Pública, Alejandra Rubio, valoró la decisión del juzgado y enfatizó que esa evidencia -que fue encontrada afuera de la casa del acusado-, lograron tener un perfil de ADN de Gajardo Escalona.
En la audiencia, se esperaba que declarara una testigo de nacionalidad colombiana, quien dice haber visto el artefacto explosivo en las cercanías de la Universidad Católica Silva Henríquez. Sin embargo, el testimonio se reagendó para el 17 de octubre, antes del juicio oral debido a que debe volver a su país de origen.
Esto fue valorado por el persecutor a cargo de investigar ataques con artefactos explosivos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Claudio Orellana, quien afirmó que dicho aporte es valioso ya que aportaría antecedentes para el juicio oral.
La defensa no está de acuerdo con la diligencia, porque “podría vulnerar los derechos de su defendido” y sostuvo que el ente persecutor tiene herramientas para generar que la testigo vuelva a declarar al país o por videoconferencia.
Según el Ministerio Público, entre enero de 2017 y mayo de 2019, Gajardo Escalona habría puesto 5 artefactos explosivos y uno incendiario y se le atribuye la responsabilidad de 6 hechos.
