El Gobierno defendió la decisión de convocar al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para
analizar la situación “desestabilizadora” de la crisis venezolana.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y el canciller Teodoro Ribera argumentaron la posición adoptada.

Este último, en conversación con el Expreso Bío Bío, justificó la decisión de votar a favor del TIAR, enfatizando que ninguno de los países que sufragó lo hizo en contra.

La votación se resolvió con 12 votos a favor y cinco abstenciones. Sin embargo, este argumento no bastó para que desde la oposición salieran a criticar la decisión.

El excanciller y presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, enfatizó que la crisis venezolana no se resolverá mediante el uso de la fuerza.

La polémica se abre justamente con el uso de la fuerza, porque a pesar que nuestro país -junto a Perú y Costa Rica-, trataron de elevar una moción para que se estableciera que no se empleara violencia, no lograron el apoyo suficiente para aprobarla.

El artículo 8 del TIAR es donde se especifican las medidas que se pueden comprender en contra de Venezuela, las que van desde la ruptura de las relaciones diplomáticas, consulares, hasta la última opción, la cual sería el uso de la fuerza.

Y justamente, con esta decisión, se abrió un nuevo flanco de críticas en torno al manejo de la política exterior del Gobierno, el cual había mejorado su evaluación luego de que Ribera asumiera el pasado 13 de junio.

El exembajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, señaló que el manejo de las relaciones internacionales sigue siendo equívoco, enfatizando que rechaza cualquier intervención militar en Venezuela.

En tanto, el excanciller Mariano Fernández, quien integra el Foro Permanente de Política Exterior, reprochó el hecho de que no se les consultara respecto a la opción de convocar el TIAR.

Desde Chile Vamos, el diputado de Evópoli Francisco Undurraga, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que están de acuerdo con la decisión del Ejecutivo, dándole un espaldarazo a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Aún no está claro cuándo se reunirán los cancilleres para analizar esta situación, se dice que podría ser durante la realización de la Asamblea General de la ONU, entre el 24 y 26 de septiembre.

Tampoco está claro si en esa instancia se someterá a votación algún tipo de acción. Por lo que comentan fuentes al interior de Cancillería, todo dependerá de cuan rápido avance la agenda en la reunión.