La senadora Yasna Provoste (DC) llamó al Gobierno a recapacitar luego que el Tribunal Constitucional (TC) fallara a favor del recurso de inaplicabilidad que presentó el Instituto Profesional (IP) Virginio Gómez en contra del Consejo Nacional de Educación (CNED), que declaró inadmisible una reposición del IP debido a los tres años de certificación que le otorgó la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Según los argumentos del TC, al permitirse la apelación al CNED solo en caso de que sea rechazada la acreditación institucional se produce una desigualdad legal sustancial dado que, mientras todos los administrados tienen derecho a una doble instancia de apelación, la entidad de educación superior no la tiene.
Provoste había intentado corregir esta situación en el proyecto de Ley que modifica las normas transitorias de la acreditación, pero la indicación de la parlamentaria fue declarada inadmisible.
“El fallo del TC ratifica lo que nosotros hemos señalado durante toda la tramitación de este proyecto de Ley, que los parlamentarios de derecha se opusieron para negarle a las instituciones el derecho al debido proceso cual es el derecho a la apelación”, dijo la senadora.
“Esperamos que hoy el Gobierno recapacite y se allane a entender que es necesario garantizar el debido proceso para las instituciones de educación superior”, agregó.
El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, sostuvo que el Ejecutivo no tiene contemplado innovar en esta materia en el proyecto de Ley.
A su juicio, sería una mala señal para el sistema que las instituciones que no queden conformes con los años de acreditación judicialicen los casos ante el TC.
“El TC resuelve respecto de un caso en particular, no está generando una jurisprudencia para todos los casos. Lo que hace esto, se erige al CNED como la última instancia para la apelación de todo tipo de resoluciones relativas a la acreditación”, señaló.
“Si eventualmente esto implica que de alguna manera se judicializan las decisiones de acreditación, nos parece que no es un aporte al sistema”, agregó.
Otro de los argumentos que esgrimió Virginio Gómez para poder apelar a otra instancia más allá de la CNA es que la gratuidad quedó asociada a los años de acreditación que obtenga una institución de educación superior, fijando como piso mínimo cuatro años, uno más de lo que obtuvo.
