Las defensas de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, tendrán esta tarde la oportunidad de alegar, en la Corte Suprema, en favor de sus representados para evitar que sean removidos de sus cargos en el tribunal de alzada.
Dicho proceso fue precedido por la investigación de la ministra del máximo tribunal del país, Rosa María Maggi, que propuso una sanción de cuatro meses de suspensión y abrir un cuaderno de remoción, lo que fue aceptado por el resto de los supremos.
En concreto, el ministro Elegueta enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y prevaricación. Por su parte, al juez Vásquez se le cuestiona el nombrar a su hija en un tribunal de familia, aconsejar a un imputado y conformar una sala que no correspondía para el sobresimiento de Sebastián Dávalos Bachelet en el Caso Caval.
El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijo que decidirán lo que sea mejor para el Poder Judicial. Espero que “podamos tener una deliberación serena y que, en definitiva, se exprese la convicción que haga la mayor justicia para la situación”, remarcó.
En tanto, el abogado del ministro Marcelo Vásquez, Isidro Solis, adelantó que tendrá 30 minutos para alegar, aunque fue cauto en opinar sobre el proceso contra su cliente. “La Corte Suprema, en la investigación admininistrativa estableció una sanción y por lo tanto dio por probados los cargos”, admitió.
Para el abogado y profesor de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, se trata de una crisis profunda que revela una corrupción sistemática al interior de la Corte de Rancagua. Por lo mismo propuso una reforma.
“Muestra el agotamiento de un modelo muy antiguo de control sobre el comportamiento de los jueces que está muy basado en el conocimiento personal. Yo creo que se resuelve con una reforma institucional sustantiva al régimen de designación y disciplinario”, apuntó.
El abogado Mauricio Daza, destacó el proceso que actualmente se lleva contra los ministros, pero recordó que esto no se reveló gracias a la fiscalización interna del Poder Judicial. Para él debe mejorarse la forma de hacer denuncias “en favor de personas que hagan este tipo de revelaciones respecto de hechos de corrupción, sin temor de recibir represalias o ataques”.
Por su parte, el director de la carrera de Derecho de la Universidad Arturo Prat sede Victoria, Manuel Soto, dijo que sería necesario que en un futuro las fiscalizaciones las hiciera un organismo externo.
“Podría ser por dos vías: por este organo externo que podría ver el funcionamiento administrativo y, por el otro lado, el funcionamiento judicial perfectamente lo podrían seguir desarrollando los superiores de cada tribunal”, propuso.
Con todo, los alegatos por el cuaderno de remoción en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua llegan tres días después de que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur solicitara una audiencia para formalizar al juez Marcelo Vásquez por tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado y negociación incompatible, la cual -según se determinó este lunes- fue fijada para el próximo 4 de octubre.
