El martes 13 de agosto se desarrolló una importante reunión en la Asociación Gremial de Operadores e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de premio Programado (Fiden) respecto de cómo van a seguir adelante con su estrategia judicial y legislativa sobre las operaciones -consideradas ilegales en Chile por la autoridad- de los conocidos tragamonedas.
Reunión que se materializó 5 días después de que un hombre disparara 70 tiros, matando a 5 personas, en un local comercial que contenía tragamonedas en Puente Alto. Eso como telón de fondo al encuentro, en que se determinó contratar a la exdupla anti corrupción de la fiscalía, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
Ambos juristas asumieron como asesores de la entidad gremial, en medio de las investigaciones penales por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.
Fue el vicepresidente del gremio, Ramón Sepúlveda, quien comunicó la decisión. Noticia que rápidamente se propagó entre los dueños de las máquinas, que miraron como un triunfo dicha incorporación, puesto que ambos exfiscales fueron persecutores que en algún minuto estuvieron investigando el tema.
Sin embargo, quienes conocen la situación comentaron que ambos abogados simplemente fueron contratados para mejorar el cumplimiento legal del cliente; más que como una estrategia judicial relacionada a las investigaciones en curso y que tienen en la mira a políticos.
Sin embargo, para algunos en Fiscalía la llegada de Gajardo y Norambuena como asesores de Fiden es una señal puesto que ambos investigaron hechos punitivos en la misma línea de lo que hoy se les atribuyen integrantes de la citada agrupación.
Con todo, lo cierto es que los llamados “paladines de la anticorrupción” en Chile desembarcan en una de las organizaciones que desde hace un tiempo están siendo investigadas por financiamiento a políticos y de actuar al margen de la legalidad, buscando la llamada “letra chica” de la ley sobre las operaciones de estas máquinas.
De hecho, como publicó en un reportaje de investigación Radio Bio Bio, se estableció que existen lecturas legales que la autoridad como la superintendencia de Casinos de Juego desconoce, pero pese a existir esa posición y la falta de políticas serias, han llevado a una proliferación del negocio, que hoy está cuestionado.
Incluso dentro del perfil de Twitter todavía se puede leer la posición de Gajardo sobre la noticia que daba a conocer BioBioChile.
Se repite un patrón. Causa que avanza contra políticos cambian al Fiscal que investiga. Qué pena por como convirtieron a la Fiscalía de Chile en una institución al servicio de los poderosos en vez de estar al servicio de la ley! https://t.co/pZkXK8iYBJ
— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) September 28, 2018
En esa noticia, ocurrida el 28 de septiembre de 2018, se indicó que el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, apartó del denominado Caso Tragamonedas al persecutor a cargo de tal investigación, Roberto Contreras, y la derivó a la Fiscalía de Alta Complejidad.
Al respecto Gajardo dijo: “Se repite un patrón. Causa que avanza contra políticos cambian al fiscal que investiga. Qué pena por como convirtieron a la Fiscalía de Chile en una institución al servicio de los poderosos en vez de estar al servicio de la Ley!”.
Así las cosas, el hombre que cuestionó a políticos ahora estará de “orejera” de una asociación que está en el ojo del huracán por sus nexos con políticos y el financiamiento de campañas. Es más, incluso existe reconocimiento al respecto como ocurrió con Alberto Hadad, exdirectivo del gremio de las máquinas tragamonedas, quien admitió que realizó aportes irregulares en la campaña de su padre, el exembajador DC Nelson Hadad.
En el detalle, son 40 los dirigentes de la Democracia Cristiana quienes están siendo investigados por presunta infracción de la ley sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral.
En concreto, el Servel denunció que el 27 de septiembre de 2017, los acusados llegaron al Club Palestino para participar del lanzamiento de campaña al candidato a diputado, Nelson Hadad, y que dieron dinero para contribuir al evento, con sumas que van desde los $20.000 en efectivo a los $200.000 en cheques.
