El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió al caso que indaga la Fiscalía Pudahuel por la falsificación de documentos de identidad falsos, causa que ya tiene a más de una decena de formalizados y algunos en prisión preventiva. Algunos están vinculados al Registro Civil.
“Aquí ha habido una situación muy compleja y nosotros hemos tomado medidas drásticas. Hay varias personas destituidas, hay muchos que están en manos del Ministerio Público”, manifestó.
Respecto de la gravedad de los hechos, explicó que los documentos (cédula de identidad y pasaportes) no son alterables sin la complicidad de funcionarios.
En ese sentido, ejemplificó que “ponen las manos de una persona y el rostro de otra. Esa no es una adulteración del pasaporte, es una adulteración de su elaboración de una manera inexplicable, por eso estamos tomando las medidas más drásticas”.
Larraín advirtió que “no se puede jugar con la fe pública” y recalcó la importancia de estos documentos. “Es muy grave”, dijo.
Considerando estos hechos, el titular de Justicia afirmó que servirá para perfeccionar el sistema de cara a la preparación de las nuevas bases de licitación de cédulas y pasaportes que se convocará a fin de año.
Funcionarios lamentan
A través de un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Anercich) lamentó los hechos que involucraron a funcionarios y exfuncionarios.
En el documento admitieron que es un momento doloroso y que enloda la imagen del servicio.
Sin embargo, manifestaron que estos casos sólo involucran al 0,1% de los funcionarios y de las actuaciones que realizan a diario.
Revisa el documento completo a continuación:
¿Cómo operaban?
Según detalló el Ministerio Público, el modus operandi incluía a tres personas. Dos de ellas, el suplantado y el suplantador, se sentaban en las oficinas del Registro Civil a la espera de ser llamados para poder obtener una cédula de identidad o pasaporte, tal como cualquier otra persona.
Al ser llamados por uno de los funcionarios de los módulos, que estaba concertado con ellos, el suplantado ponía sus huellas y realizaba su firma, pero era el suplantador quien se tomaba la fotografía para ocupar él los documentos.
El comisario de la PDI, Harry Cerda, comentó que la banda estaba constituida por sujetos con antecedentes delictuales, que contactaba a personas con sus papeles limpios y también a funcionarios del servicio público.
Se indicó que los empleados obtenían entre $700 mil y $1 millón por cada trámite de este tipo que realizaban.
