Luego de meses de debate, la Comisión de Educación del Senado despachó a la Sala el proyecto que busca modificar algunas disposiciones transitorias de la Ley de Educación Superior.

No obstante, la instancia declaró inadmisible la indicación presentada por la senadora Yasna Provoste (DC), quien buscaba reponer la facultad que tenían las instituciones, previo a la reforma a la educación superior, de apelar al Consejo Nacional de Educación (CNED) cuando consideraban insuficientes los años de certificación otorgados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

“En esto difiero absolutamente de lo que plantea la secretaria ejecutiva del CNED porque esta facultad ya la tienen ambos organismos, no es una facultad nueva”, señaló la legisladora.

Durante el debate de la indicación se invitó incluso al presidente del CNED, Pedro Montt, para que expusiera su parecer sobre la propuesta de Provoste.

En conversación con Radio Bío Bío, Montt señaló que el objetivo de la Ley de Educación Superior apuntaba a fortalecer el trabajo de la CNA y que la medida planteada por la parlamentaria ponía en riesgo ese principio.

“El hecho de que el consejo se convierta en un revisor de decisiones de la propia especialidad de la CNA pone en riesgo el equilibrio institucional que subyace en el sistema, en el modelo. Dicho en corto, otorgarle la facultad al consejo de observar los plazos de la acreditación puede socavar el rol de la CNA”, detalló.

Desde el oficialismo sostuvieron que la indicación de Provoste obedecía a presiones de las universidades ante el temor de perder la gratuidad, ya que para adscribir al beneficio se exige a las instituciones tener al menos cuatro años de acreditación.

La senadora Ena von Baer (UDI) lamentó que se haya querido retroceder en las mayores exigencias que se han puesto a las instituciones para mejorar la calidad del sistema.

“Si es que nosotros queremos darle más espacio y más manga ancha a que las instituciones no cumplan con los estándares de calidad o si queremos apretar el sistema. Lo que quiso el gobierno anterior fue apretar el sistema: no solo se tienen que acreditar obligatoriamente, sino que si no cumplen con el nivel, esto está amarrado a gratuidad”, sostuvo.

Pese a haber sido declarada inadmisible, Provoste indicó que insistirá con la indicación una vez que el proyecto sea debatido y votado por la Sala del Senado en su primer trámite constitucional.