La Ley 18.314, o Antiterrorista, data del 17 de mayo de 1984 y nuevamente entró a la discusión nacional luego del último caso de bombas donde el Ministerio del Interior se querelló contra su presunto autor, Camilo Gajardo Escalona, invocando precisamente esa normativa.

Tal ha sido el impacto que incluso el Senado aprobó en general la Ley corta, iniciativa del actual Gobierno que busca permitir la utilización de intervenciones telefónicas, grabaciones, fotografías y agentes encubiertos.

Pero no todo está zanjado con la Ley corta, ya que este lunes vence el plazo para que la Comisión de Constitución del Senado presente sus indicaciones, luego que la iniciativa volviera a sus manos para que realizaran el respectivo estudio en particular.

El avance de la discusión también ha sido comentado por el fiscal nacional Jorge Abbott quien, en al menos dos ocasiones durante las últimas semanas, ha planteado que es necesario modificar íntegramente la Ley.

Una de las leyes que se mira como ejemplo para insertar cambios a la antiterrorista es la antidrogas. Piso mínimo que debiera considerarse, según el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe.

“Disponer de técnicas de investigación modernas a la altura mínimo de lo que existe en la Ley de Drogas. Además, necesita establecer regular bien cómo conversa con los sistema de Inteligencia que hay en este país y todo eso hay que normarlo y regularlo así que yo creo que es necesario una modificación integral al sistema”, dijo Uribe a Radio Bío Bío.

Idea antigua

No es primera vez que un Gobierno plantea la idea de modernización.

Lo propio hizo en su primer mandato Michelle Bachelet, quien incluso creó una comisión de expertos que estudió las modificaciones y le entregó sus conclusiones al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo; y al titular de Justicia, José Antonio Gómez.

El presidente de dicha comisión fue el abogado Juan Pablo Hermosilla quien en conversación con La Radio también se mostró a favor de una modificación profunda a la Ley, pero que no vulnere los Derechos Humanos.

Precisamente sobre el hecho que no sea la primera vez que se abre esta discusión, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, calificó el debate como “populismo penal”.

A juicio de Román no es necesario modificar una Ley que incluso ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que bastaría con las que sancionan los delitos específicos.

¿Qué es lo que cree el actual Gobierno? Consultado al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, aseguró que coinciden con Abbott y la necesidad que la Ley que penaliza conductas terroristas sea cambiada íntegramente, para facilitar la persecución penal.