El vocero de la Corte Suprema, ministro Lamberto Cisternas, abrió la puerta a que el Pleno del Máximo Tribunal pueda solicitar información, respecto a las interceptaciones telefónicas que realizó el Ejército, a militares que denunciaron casos de corrupción institucional.

“Es posible que el pleno pida información de cualquier cosa que ocurra en lo que tenga que ver con los tribunales y es posible que los militares hayan hecho una cosa u otra (…), indicó el alto magistrado a Radio Bío Bío.

Hay que recordar que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) intervino entre 2016 a 2017 las comunicaciones de cuatro militares que dieron cuenta de irregularidades en la institución, tal como lo reveló Radio Bío Bío el sábado pasado.

La entidad castrense, para realizar el “pinchaje” de los teléfonos, solicitó sendas autorizaciones judiciales. Una de ellas al ministro Mario Carroza y la otra a su colega de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete. Lo anterior, con miras a que la operación de inteligencia estuviera avalada legalmente.

Básicamente, el Ejército argumentó ante Poblete y Carroza que los cuatro uniformados podrían estar afectando la seguridad militar y nacional por lo que se hacía necesario operar con diligencias intrusivas.

Cisternas, apuntando a la prudencia, indicó que hasta ahora el Pleno no ha revisado la situación de ambos ministros. “Nosotros (los ministros) somos muy cuidadosos. Antes de emitir una opinión, hay que conocer los antecedentes”, indicó.

“Sé que hay ciertas interceptaciones que deben hacerse con autorización judicial, pero no sé en este caso lo que haya sucedido”, agregó.

Otro magistrado del máximo tribunal consultado por este medio, indicó que la “situación podría tornarse muy grave si es que el Ejército, eventualmente, le hubiese mentido al ministro que autorizó las escuchas”.

Al respecto, explicó que se podría convocar a un pleno extraordinario para analizar los hechos.

De ser así, el ampliado de ministros debería solicitar un informe respecto de cómo procedieron, tanto Carroza como Poblete y cuáles fueron los argumentos invocados por el Ejército para legalizar las escuchas.