En 2015, el exsenador Fulvio Rossi fue víctima de un ataque que terminó con un condenado por el delito de lesiones menos graves a principios de julio de este año.

En aquella oportunidad, el Senado decidió hacerse querellante del caso, motivo por el cual contrató los servicios de un abogado externo, identificado como Gonzalo Ruiz Requena, quien cobró $17 millones de pesos en honorarios, de los cuales la Corporación todavía le adeuda $6.8 millones.

De acuerdo a datos obtenidos por La Tercera vía Ley de Transparencia, los montos fueron autorizados en ese entonces por la Comisión de Régimen Interno del Senado, instancia que era presidida por el exsenador Patricio Walker (DC).

La Fiscalía de la Cámara Alta confirmó que esa misma instancia se querelló contra quienes resultaran responsables tras el ataque que sufrió el otrora legislador, por lo cual el abogado debía efectuar “el seguimiento de la causa penal en representación del Senado (querellante) en dicho proceso penal y no del exsenador”.

“Por lo expuesto, no es efectivo que la Corporación accedió a pagar la representación del exsenador Fulvio Rossi (…), sino que representa al Senado como querellante y en consecuencia interviniente independiente en dicho proceso penal”, añadieron en una nota de respuesta a la publicación.

Pero este no fue el único ataque que Rossi sufrió siendo autoridad: el miércoles 15 de noviembre de 2017, en plena campaña electoral, el exrepresentante de la región de Tarapacá aseguró haber sido víctima de un ataque con arma blanca cuando entró a su comando ubicado en el sector de la Península de Cavancha de Iquique.

Según su relato, fue atacado por al menos un individuo que se encontraba dentro del recinto y que, además de la herida cortopunzante en su abdomen, recibió un golpe en la cabeza que “lo aturdió” y que atribuyó a la posibilidad de que existiera un segundo agresor al que no logró ver.

De acuerdo a su declaración, perdió el conocimiento por un breve lapso de tiempo, tras lo cual fue encontrado y auxiliado por uno de sus brigadistas.

Pese a lo anterior, y a que la Fiscalía abrió una investigación al respecto, ésta llegó a su fin sin encontrar culpables ni establecer mayores responsabilidades, pues el mismo Ministerio Público dejó de indagar el hecho producto de la falta de méritos.