Nacional
Miércoles 24 julio de 2019 | Publicado a las 19:57 · Actualizado a las 21:12
Crisis en Osorno: Congreso pide caducar concesión a Essal e indemnizaciones en sesiones especiales
Publicado por Nicolás Díaz y Emilio Lara.
Con información de Oscar Cáceres.
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Luego de una intensa jornada en la sesión especial realizada por el Senado por la crisis del agua potable en Osorno, la Cámara Alta determinó presentar un acuerdo que buscará la caducidad de la concesión de Essal, misma determinación que tomó la Cámara de Diputados en su encuentro de este miércoles.

En la instancia participaron senadores de todos los sectores, así como también el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; el titular de Economía, Juan Andrés Fontaine; y el subsecretario de Servicios Sanitarios (s), Jorge Rivas.

Tras la sesión, los parlamentarios decidieron presentar un proyecto de acuerdo al presidente Sebastián Piñera para ponerle fin a la concesión, indemnizar a las personas afectadas por el corte de agua potable que se extendió por diez días y la modernización de la legislación pertinente.

“Si lo tiene a bien, disponga de inmediato el inicio de un procedimiento sancionatorio contra la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.; aplique la sanción de caducidad de la concesión, y ordene efectuar una investigación acerca del rol ejercido, en este caso, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la Onemi y la Intendencia Regional”, indicaron.

Además, solicitaron instruir al superintendente de SISS para que la entrega del informe técnico de caducidad se realice “al más breve plazo”.

Por lo anterior, el senador Andrés Allamand (RN) sostuvo que dentro de la libre concesión se establece la obligatoriedad de entregar de manera adecuada el recurso hídrico.

“La única sanción que corresponde aplicar es la caducidad de la concesión, hay algunos que ya han empezado a esgrimir que no existirían los fundamentos jurídicos para ello, pero creo que basta mirar el artículo 34 de la Ley General de Sanitarias que señala que el prestador estará obligado a controlar permanentemente y a su cargo la calidad del servicio suministrado”, afirmó.

En tanto, el parlamentario por la región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros (PS), puntualizó que hay responsabilidad de Essal, pero aseguró que hay otros organismos del Estado, como la SISS que, teniendo información respecto a las incapacidades, no abordó las medidas pertinentes.

“Cuando se concesiona un servicio público no desaparece la responsabilidad estatal en el servicio, mucho menos tratándose del agua, terminada la etapa de emergencia, el Gobierno no puede sino decretar la caducidad de la concesión”, declaró.

Cámara

La Cámara de Diputados también se reunió esta tarde en una sesión especial para analizar el desastre que generó en Osorno el error de Essal.

La cita también tuvo por objetivo “analizar el funcionamiento en el país de las empresas concesionarias de servicio público sanitario”, aunque el foco discutir los problemas derivados emergencia sanitaria ocurrida en esta ciudad.

A modo de conclusión, los diputados aprobaron una serie de resoluciones dirigidas al presidente Piñera.

En concreto, pidieron “aplicar la normativa legal y caducar la concesión sanitaria a Essal”, “proteger y compensar la situación que afecta a la comunidad de Osorno” y “asegurar una pronta indemnización de los perjuicios sufridos y también para reactivar emprendimientos, profesiones y oficios” de pequeños y medianos emprendedores y trabajadores independientes.

Además, pidieron “enviar a la brevedad proyectos de Ley para fortalecer las facultades de fiscalización” de la SISS, junto con recalcar su preocupación y el deseo de que se termine con la concesión.

El debate comenzó con los cuatro representantes de la zona, Javier Hernández (UDI), Emilia Nuyado (PS), Harry Jürgensen (RN) y Fidel Espinoza (PS).

El gremialista exigió que Essal “se vaya de Osorno” y que el Estado repare el perjuicio económico y moral provocado.

Nuyado, en tanto, lamentó que el intendente “no haya tenido un diagnóstico claro en Osorno” y que el Ejecutivo no haya declarado “zona de catástrofe” a tiempo.

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