La tarde de este lunes, el presidente Sebastián Piñera lideró una reunión de más de tres horas, instancia tras la cual el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, aseguró que la decisión de caducar la concesión de Essal debe emanar desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y no del Ejecutivo.
Además, el titular de la cartera señaló que la cita tuvo dos objetivos específicos.
El primero tuvo que ver con la “importancia de modificar y fortalecer la Ley de Servicios Sanitarios vigente para que no vuelva a suceder lo que pasó en Osorno”, dijo.
El segundo, en tanto, tuvo que ver con las compensaciones y las indemnizaciones “correspondientes” para todas las personas y clientes que se vieron afectados.
Finalmente, sobre las sanciones, Moreno aseveró que tales penalidades deberán ser decretadas y emitidas por la SISS, quienes ya establecieron un plazo para ello, tiempo que -aseguró el ministro-, el Gobierno pidió que fuera el más acotado posible.
“Nosotros esperamos que dentro de lo que establece la Ley las sanciones sean acorde con la enorme gravedad que tienen los hechos que han sucedido en Osorno y que han afectado a tanta gente”, añadió el secretario de Estado, tras lo cual se retiró y no entregó más declaraciones a la prensa apostada en Palacio.
En el encuentro de esta tarde participaron algunos ministros y asesores cercanos a Piñera, con quienes podría trabajar la opción de impedir que la actual sanitaria de la región de Los Lagos -apuntada como principal responsable de la crisis del agua que afectó a Osorno- continúe a cargo del suministro.
Con la reunión se buscó realizar un primer diagnóstico en base a los antecedentes que recopiló el mismo ministro Moreno luego que la ciudad se viera afectada por un corte de suministro que superó los siete días.
Tras la emergencia, representantes de la Democracia Cristiana y Chile Vamos pidieron al Gobierno que de por finalizado el contrato que mantiene con la empresa sanitaria controlada por Aguas Andinas.
Según Diario Financiero, en el encuentro también se abordaron las implicancias jurídicas de un eventual término de la concesión, asumiendo que en caso de ocurrir la empresa buscará revertir la situación en tribunales.
Para esto último, la compañía contrató los servicios del abogado Juan Ignacio Piña, exsubsecretario de Justicia, exintegrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) durante el primer gobierno de Piñera y ex coagente del caso Silala ante el la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
