El próximo 28 de agosto, el Ejecutivo presentará un conjunto de indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Servicios Sanitarios, iniciativa que apunta a cambios en la fijación tarifaria, de servicios no regulados y en el cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores.

La propuesta se encuentra hace meses en la Comisión de Obras Públicas del Senado, en su segundo trámite; sin embargo, el debate del articulado se encuentra a la espera que el Gobierno haga sus propias propuestas.

En ese marco, el ministro de Obras Públicas (MOP), Alfredo Moreno, junto al superintendente de Servicios Sanitarios (S), Jorge Rivas, expuso el miércoles pasado en dicha instancia parlamentaria -un día antes de la emergencia en Osorno- cuáles serán los énfasis de la cartera en esta materia.

En concreto, la propuesta establece un nuevo mecanismo de fijación de tarifas, e incluso genera una fórmula para que la ciudadanía participe del proceso. Actualmente, cada cinco años las empresas determinan los costos del servicio, tomando en cuenta su tasa de inversión (capital propio más endeudamiento) y de operación.

La norma introduce cambios a estos cálculos, por ejemplo, respecto a la tasa de interés que deben obtener al endeudarse.

Asimismo, la moción también busca regular los servicios que actualmente no están consignados en la legislación sanitaria. Las empresas de esta industria son sociedades de giro exclusivo, por lo que la Ley General de Servicios Sanitarios dispone que “estas concesiones deben producir agua potable, distribuirla y recolectar aguas servidas”; sin embargo, utilizan sus instalaciones para realizar otras tareas, por ejemplo, relativas al tratamiento del recurso.

De acuerdo a Moreno, también hubo consenso en temas como el ajuste de multas, criterios de graduación y caducidad, el procedimiento sancionatorio reglado, el programa de cumplimiento, las nuevas atribuciones de la Superintendencia, la brecha de alcantarillado, la ampliación del territorio operacional más expedito, la compensación económica por suspensión de servicio, las medidas ante el cambio climático, las cuentas públicas participativas presenciales, y la labor informativa y educativa de carácter permanente.

Tras la sesión, la senadora integrante de la instancia, Ximena Órdenes, remarcó que la discusión “es una oportunidad para replantear la estructura tarifaria y los servicios sanitarios que, en zonas extremas como la región de Aysén, deben necesariamente hacerse, dado que en los últimos años la rentabilidad sobre activos en algunas sanitarias ha bordeado el 20% sin ver una contrapartida en la estructura tarifaria de sus usuarios”.