Tres parlamentarios de Chile Vamos presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie por el actuar de los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la frontera, quienes manipularon el ingreso de 21 extranjeros.
La instancia fue presentada por los diputados Celso Morales (UDI), Karin Luck y Andrés Longton -ambos de Renovación Nacional-, luego de que las cortes de Arica e Iquique acusaran a los trabajadores.
Por esta razón, Morales explicó que el requerimiento tiene como objetivo establecer “la responsabilidad administrativa de los funcionarios y el juicio de cuentas que pueda caer respecto a las acciones que han hecho y que están fuera de la legalidad”.
Asismimo, pidió la renuncia de la actual directora nacional, Consuelo Contreras, señalando que “creo que debe dar un paso al lado, porque han hostigado permanentemente la política de migración que hoy existe y que busca que sea una migración ordenada. Entonces cuando hoy ellos se han burlado de esta situación, creo que lo menos que puede hacer la directora es dar un paso al costado”.
En el caso del diputado Andrés Longton, éste indicó que, a su juicio, “lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos es sumamente condenable y reprochable. La principal responsable acá es la directora nacional, quien ha instado a que los migrantes ingresen a nuestro país a como dé lugar, lo cual obviamente ha condicionado el comportamiento de sus funcionarios”.
En tanto, la diputada Karin Luck, afirmó que el INDH “ha vulnerado la realidad de sus funciones, porque no puede ir a Bolivia o a distintos países a buscar o precisamente ir a engañar a estas personas migrantes, que lo único que quieren es ingresar al país”.
Los funcionarios del INDH viajaron a Bolivia para contactar a un grupo de personas, indicándoles una forma apara ingresar a Chile pidiendo refugio, sin embargo, la veintena de migrantes ya habían intentado ingresar a territorio chileno, siendo denegado por la Policía de Investigaciones por no cumplir con los requerimientos establecidos por la política migratoria del Gobierno.
