El pasado martes 02 de julio, el diputado René Saffirio acusó al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al ministro de Justicia, Hernan Larraín, de haber ocultado un informe de la PDI de junio de 2018 que evidencia graves vulneraciones a menores atendidos por el Sename y organismos colaboradores.
En dicho texto se constata que, dada la magnitud de los registros y los antecedentes recopilados por la policía en 28 tomos a 240 centros, decidieron entregar dichos análisis directamente a ambas autoridades.
Lo anterior, precisamente en el periodo en que el Congreso discutía el aporte adicional de 10.000 millones de pesos a los Organismos Colaboradores de Sename (OCAS). “Si esta información hubiera estado sobre la mesa de la Comisión de Constitución y en la Sala, probablemente ese proyecto no se habría aprobado”, señaló ese día.
Acto seguido, el viernes Abbott rechazó las acusaciones en su contra: argumentó que los antecedentes estaban siendo examinados por el Ministerio Público e incluso aseguró que estaban analizando si los antecedentes ameritaban un eventual secreto de investigación.
Lo propio había hecho el titular de Justicia, el mismo día que Saffirio lanzó las acusaciones. Pero ayer miércoles, a propósito de esta polémica, ambas partes protagonizaron un tenso debate cara a cara en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Para comenzar, Larraín insistió en que las imputaciones del parlamentario son falsas y que, de ser ciertas al menos un 10% de dichas afirmaciones, él sería el primero en presentar su renuncia al cargo.
“Todos los fundamentos, todos los hechos, contradicen las afirmaciones del señor Saffirio”, remarcó tajante en la instancia parlamentaria.
Pero la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, aprovechó la instancia para rebatirle. Exhibió un video de la Comisión de Familia, del 28 de octubre del año pasado, donde el ministro Larraín admitió haber hojeado parte de los 28 tomos que contienen la investigación que ha llevado adelante el fiscal Marcos Emilfork.
“Sin embargo, esperó hasta esta fecha para tomar medidas”, acusó Castillo.
Con todo, el diputado Saffirio descartó pedir disculpas por sus dichos respecto al ocultamiento del texto de la PDI, que entre sus principales hallazgos revela que el 88% de los centros son privados; el 45% de los centros no cumple con los estándares mínimos establecidos por el Sename; el 73% no tiene protocolos y prevención para enfrentar suicidios de niños; el 77% no tiene protocolo ante desajustes conductuales; el 72% no tiene protocolo frente a la muerte de niños; y el 88% de las residencias registra abuso físico, maltrato y abuso sexual.
Más aún, el 83% del personal que presta servicios en los centros no cumple con el perfil exigido, el 35% no tiene la cantidad mínima de educadores de trato directo; y el 66% del personal no tiene formación para administrar medicamentos durante el día (84% en la noche).
En tanto, el 59% de los abusos -físicos, psicológicos o sexuales- fueron cometidos por los propios trabajadores que están a cargo del cuidado de los menores.
