El ministro de Defensa, Alberto Espina, tuvo que explicar en qué consiste el decreto que firmó el presidente Sebastián Piñera el pasado martes, cuyo objetivo quedó establecido como una colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías en el combate al crimen organizado y el narcotráfico en las fronteras.
Esta labor, según el Gobierno, se reflejaría en el apoyo de tareas de vigilancia, logística, transportes, tecnología y comunicaciones.
Dicha colaboración sería definida sobre la base de criterios del Ministerio de Defensa, que determinará los lugares y tiempos donde se aplicará, de manera que pueda disponer, organizar y distribuir el despliegue de las operaciones de las Fuerzas Armadas.
El ministro Alberto Espina afirmó que no existirán cambios respecto de las atribuciones que tienen los uniformados. “La función de orden público es de Carabineros e Investigaciones. La labor de las FFAA es resguardar la seguridad exterior del país y poner a disposición de las autoridades policiales nuestra colaboración para ser más eficaces, por los medios que disponemos”, remarcó el secretario de Estado.
Asimismo, el Gobierno descartó que la colaboración de las Fuerzas Armadas implique una mayor presencia militar en la frontera.
Sin embargo, ante las dudas y falta de información respecto de cómo se va a materializar el trabajo activo entre la policía y las Fuerzas Armadas, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito (RD), citó al ministro Espina al Congreso para que detalle de mejor manera los alcances del decreto.
“Queremos que nos fundamente por qué ya no es suficiente con las coordinaciones que se están haciendo desde el Estado Mayor Conjunto Norte, donde están todas las FFAA y también participa Aduanas, PDI y Carabineros. Espero que este no sea un voladero de luces para desviar la atención de los otros hechos que están sucediendo en las Fuerzas Armadas”, deslizó.
Aviso a Perú y Bolivia
En medio de la polémica, el canciller Teodoro Ribera explicitó que el Gobierno informará a los países con los que limita en el norte de las funciones de apoyo que tendrán las FFAA en la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo al titular de la cartera, desde el punto de vista de la buena vecindad, “lo que estamos haciendo es comunicarles que las Fuerzas Armadas dentro de su proceso de obtención de información de aviones vigías y otros que tengan la van a facilitar a las policías con el fin de ejercer un mayor control militar en los crímenes transnacionales”.
Sin embargo, Ribera aseveró que no compartirán información con los países vecinos.
Pugna constitucional
Con todo, el decreto ya se encuentra en Contraloría para su toma de razón. Y uno de los reproches que han hecho desde la oposición es que la medida sería inconstitucional porque contravendría el artículo 101 de la Constitución, el cual define que el rol de las FFAA es la seguridad nacional.
Otra de las dudas apunta a la injerencia en temas migratorios que tendrán las ramas castrenses, aunque el titular de Defensa remarcó que no interferirán en la labor de Carabineros y la PDI.
En ese sentido, el ex subsecretario de Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, valoró que se busque la coordinación entre las instituciones e incluso señaló que no hay ninguna novedad en esta medida.
Con todo, en caso de que la Contraloría señale que el decreto es inconstitucional, al Gobierno le quedará como única opción el acudir al Tribunal Constitucional para revertir la decisión.
