Los profesores del sistema de educación pública decidieron este lunes mantener la huelga, que ya lleva más de un mes, en demanda de mejoras laborales y de dotación de infraestructura, tras rechazar la última propuesta del Gobierno.

Más de 30.000 profesores votaron por rechazar la propuesta del Ejecutivo, alcanzando al 73% de los más de 50.000 docentes que se esperaba que sufragaran durante esta jornada, en una decisión que aleja aún más una posible solución a este paro que afecta a más de 600.000 estudiantes.

“Podemos anunciar oficialmente que el Magisterio de Chile ha rechazado la propuesta del gobierno y, por lo tanto, mantenemos nuestro paro nacional indefinido”, dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, en conferencia de prensa.

Aguilar explicó que la propuesta del Gobierno –la segunda desde que comenzó la huelga el 3 de junio- no incluyó respuestas a tres de sus demandas que calificó como “temas sensibles” para los cerca de 80.000 maestros que se encuentran en paro.

Estas exigencias se refieren a un bono para profesores de educación diferencial, que el Ejecutivo se negó a pagar y que los profesores consideran como una “discriminación odiosa”, según Aguilar.

También demandan la cancelación de una reforma al plan de estudios de secundaria anunciado por el gobierno y el pago de una deuda que para los docentes es “histórica” y que la dictadura de Augusto Pinochet contrajo con ellos cuando municipalizó la educación en 1986 y reajustó el 90% del sueldo base de los profesores, lo cual nunca se hizo efectivo.

Pedro Abarzúa | RBB
Pedro Abarzúa | RBB

Aguilar anunció que las medidas de presión continuarán y llamó a los profesores de la educación subvencionada y particular a unirse a la huelga.

Asimismo, el presidente del Magisterio no descartó que las últimas declaraciones del Gobierno, como por ejemplo los dichos del presidente Sebastián Piñera, que catalogó el paro de ilegal, pudieran influir en el resultado.

“Si el Presidente quiere resolver este conflicto, por supuesto que las declaraciones agresivas, patronales, gerenciales, como dando órdenes, no van a ser bien recibidas. Las palabras de la ministra ayer, y posteriormente el Presidente, fueron muy mal recibidas por la base del profesorado, porque sonaron como amenazas”, añadió.

Pese a todo, el dirigente manifestó su intención de retomar el diálogo con las autoridades, aunque también están estudiando otros recursos legales.

“Nosotros independiente de lo que resulta en esta negociación, independiente si el lunes la decisión sea deponer el paro o seguir el paro, nosotros también estamos estudiando recursos por otras vías, recursos judiciales, recursos incluso por la Contraloría”, sentenció.

Sin embargo, el Mineduc puso condiciones para retomar las conversaciones, y sólo se hará si se normaliza el 100% de las clases. Así lo manifestó la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien lamentó la decisión de los docentes.

“No hay nada que aumente más la desigualdad que lo que está ocurriendo hoy día. Los colegios particulares no pierden un solo día de clases, pero son los niños más vulnerables, los de la educación pública, a quienes se les está haciendo un daño irremontable con esta paralización”, dijo la secretaria de Estado.

“Nosotros como Gobierno asumimos el sacar adelante a las escuelas que llevan ya más de tres años en categoría insuficiente para rescatar y nivelar a cada uno de esos niños. Con estas cuatro semanas de paro se han visto interrumpidos todos los programas de apoyo, por lo tanto es lamentable el daño que se le está haciendo a la educación pública”, disparó la ministra.

El subsecretario de la cartera, Raúl Figueroa, además emitió un decreto informando el no pago de la subvención escolar a los establecimientos paralizados y la imposibilidad de recalendarizar las clases.

“No procede el pago de la subvención escolar si no se realizan clases, y si estas clases no realizadas no cuentan con un calendario de recuperación. Hemos reiterado la instrucción, que desde el 24 de junio no se recalendarizan las clases, considerando que la paralización se ha extendido por demasiado tiempo”, advirtió.

Sebastian Beltran | Agencia Uno
Sebastian Beltran | Agencia Uno

Oposición critica al Gobierno

En el Congreso, parlamentarios de oposición acusaron incapacidad del Gobierno y falta de voluntad para terminar el conflicto. Diputados han ofrecido a la comisión de Educación como instancia de mediación.

El diputado del Frente Amplio e integrante de la instancia, Gonzalo Winter, instó a buscar acuerdos y comprometió esfuerzos desde el Congreso para abordar algunas de las demandas del gremio.

“La ministra sabe cuáles son los puntos a solucionar, esperamos ver disposición y destrabarlo desde el Congreso. Empujaremos debatir sobre deuda histórica en el debate de pensiones y en el Presupuesto 2020, y pagos de menciones que hoy es la piedra de tope”, adelantó.

Mientras, los senadores de oposición solicitaron la realización de una sesión especial para abordar el paro de los profesores, a la que invitaron a la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

La continuidad del paro “no hacen más que ratificar el amplio consenso que existe respecto de la incapacidad del Gobierno y, en particular, de la ministra de Educación, de proponer fórmulas que permitan solucionar este conflicto y reafirma el profundo abandono en el que tiene sumida a la educación pública de nuestro país”, señalaron los parlamentarios opositores en un declaración.

La educación pública chilena es objeto desde hace más de una década de masivas protestas, que estallaron en 2006 con la llamada “Revolución de los Pingüinos”, donde los escolares pedían el fin de una ley que traspasó la administración de los colegios a los municipios, dictada a fines de la dictadura de Pinochet.

La mandataria socialista Michelle Bachelet logró aprobar en su gobierno una reforma para poner fin a la selección de estudiantes y gradualmente al pago de los padres en colegios que reciben aportes del Estado. Asimismo, instauró la gratuidad en las universidades para los estudiantes con menos recursos.

No obstante, aún quedan temas pendientes para los docentes, como el pago de la deuda histórica y la desmunicipalización de la educación.