Tras la publicación de un reportaje que reveló los altos sueldos de sacerdotes con rango militar y que trabajan como capellanes en las Fuerzas Armadas (FFAA) y Carabineros, se determinó que serían más de $1.200 millones al año los que desembolsaría el Estado para financiar el sueldo y los privilegios de este grupo de religiosos, a partir de un decreto del siglo pasado.

De esta manera, durante la jornada del lunes, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que el presidente Sebastián Piñera instruyó al ministro de Defensa, Alberto Espina; y del Interior, Andrés Chadwick, a que reviertan esta situación lo antes posible.

“Claramente por transparencia, por los costos (…) no corresponde que éstos sigan manteniéndose”, dijo.

La diputada comunista, Karol Cariola, calificó la situación como inaceptable y “cuestionable desde cualquier punto” e instó al Gobierno a establecer un plazo para modificar el decreto que data del siglo XX.

Santiago Silva es el actual obispo castrense, quien se desempeña en el cargo desde 2015 y es cuestionado por el presunto encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia Católica.

Según la investigación de Canal 13, su sueldo bruto mensual supera los $3 millones y goza de beneficios como cualquier miembro de esa orden, es decir, cuenta con vivienda fiscal, mayordomo y vehículo con chofer.