El Ministerio Público inició una investigación en contra de una empresa canadiense, que prestó servicios como contratista para Codelco, por una presunta estafa que ascendería a los $7 mil millones.

Se trata de la firma internacional de ingeniería SNC Lavalín, con base en Canadá y que no habría cumplido un contrato con la minera estatal, afectando a una tercera empresa.

Esto último, debido a que Codelco hace 3 meses puso fin anticipado al contrato con la canadiense por las demoras en la construcción de dos plantas de ácido sulfúrico para la Fundición Chuquicamata por US$260 millones, situación que salpicó a la empresa chilena Tecno Contruccion & Servicio (TecnoCyS), una de las compañías que fue subcontratada por SNC Lavalín para tercerizar la construcción de las plantas, cuestión que finalmente no se concretó.

Por ello, TecnoCyS presentó una querella ante el Ministerio Público a través del abogado Luis Gálvez, en la que se apunta a SNC Lavalín como responsable del delito de estafa.

“Mi cliente y otros proveedores y subcontratados, realizaron de buena fe todas las gestiones pertinentes para el desarrollo del proyecto, sin embargo (..) Codelco Chile ya dados los incumplimientos graves y reiterados por parte de Lavalín Chile, decidió ponerle término anticipado a toda relación comercial con la firma extranjera”, explicó el jurista.

La acción penal fue ingresada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a la responsabilidad penal de cuatro directivos de la firma extranjera.

Se trata del vicepresidente en Chile de la compañía canadiense, César Inostroza; del gerente general Andrew Curtis; del gerente de Finanzas Máximo Aybar; y del gerente de contratos Fruvio Ravolahy, quienes ya fueron citados por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente para que presten declaración en calidad de imputados ante la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile (Bridec).

De acuerdo a la versión del abogado querellante, las deficiencias de la empresa no serían simplemente un error o problema de solvencia o comercial, sino que podría configurarse el delito de estafa.

Además, aseguró que con la paralización de las obras se vieron afectados cerca de 1.400 trabajadores que dependían directamente del contrato firmado entre la empresa que él representa y la canadiense.