Intenso se estima que será el debate sobre la creación del Consejo Público Autónomo, organismo que licitará, pero no administrará, el 4% de cotización adicional que contempla la reforma al sistema de pensiones.
La Democracia Cristiana, el partido que llegó a acuerdo con el Gobierno para aprobar la idea de legislar, considera aún insuficiente la propuesta.
Para el presidente de la falange, Fuad Chahín, falta un factor de solidaridad en la referida entidad autónoma y es “inaceptable que se pretenda que este órgano lo licite todo”.
En tanto, el diputado Raúl Soto (DC) fue más allá y llamó a que la colectividad desconfíe más del Gobierno.
Las denominadas Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional, podrán ser constituidas, entre otros, por cajas de compensación, bancos y compañías de seguros de vida.
Esto último fue cuestionado por la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, al existir casos de aseguradoras y AFP que comparten grupo económico, de modo que “las AFP seguirían recaudando y administrando -indirectamente- estos fondos”.
Sin embargo, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, señaló que la indicación respeta el acuerdo y enfatizó que las AFP no participarán ni directa ni indirectamente en la gestión del 4% de cotización extra.
Más aún, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó la fórmula de solidaridad que busca incluir la oposición. “Nosotros creemos que la solidaridad se tiene que hacer con los impuestos de la nación, no con el ahorro de los trabajadores. Nosotros vamos a defender los ahorros de los trabajadores hasta el final”, remarcó, en relación a la propuesta que plantea que parte de la cotización vaya a un pozo común.
Complicando el sistema
El académico de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, señaló que la propuesta del Gobierno complejiza el sistema, “porque -además de la AFP- ahora tendrán que escoger gestores para este 4% adicional”.
Por su parte, el experto en pensiones, Andras Uthoff, señaló que el nuevo ente tiene poco de público, ya que “es básicamente reforzar lo que el Ejecutivo tenía en su proyecto de ley”.
Con todo, pese a la densa discusión, el Gobierno busca que la reforma de pensiones se despache del Congreso a más tardar el 1 de noviembre.
