Este lunes la Corte Suprema anunció cambios a corto plazo en el sistema de nombramiento de jueces y ministros dentro del Poder Judicial, adelantándose al anuncio del Gobierno en la misma línea.
El anuncio lo realizó el vocero del máximo tribunal del país, Lamberto Cisternas, quien indicó que “se ha dispuesto que los procesos de selección sean anónimos”, buscando igualdad y “la mayor inclusión posible”.
“Se dispuso una serie de medidas concretas para que estos sistemas de nombramiento avancen cada vez más hacia la objetividad y dejar de lado la discrecionalidad“, comentó el portavoz de la Suprema, añadiendo que el actual sistema es muy genérico y no cumple con esos principios.
De acuerdo a lo indicado por Cisternas, la Corte adoptó estas medidas producto de que en la actualidad “no existen disposiciones legales claras y precisas sobre esta materia”, agregando que “mientras no se reforme el sistema por la vía legal, la Corte avanza en la dictación de autos acordados que mejoren el sistema de objetividad”.
En concreto, el vocero explicó que a partir de ahora, se realizarán concursos “ciegos” para ascensos, es decir, quienes resuelven no tendrán acceso a la lista de postulantes hasta verlos en una audiencia pública.
Asimismo, se implementará un sistema que permitirá ir evaluando constantemente a los jueces que decidan postular a un cargo superior.
“Las pruebas para los concursos respecto del escalafón primario serán preparadas por la academia judicial y para los otros escalafones por la corporación administrativa”, detalló Cisternas.
En paralelo, se anunció que obligatoriamente se realizará una audiencia pública para las postulaciones correspondientes al escalafón primario, o sea, para jueces y ministros.
De esta manera, el tribunal máximo del país se adelantó al anuncio del Gobierno de elaborar un proyecto de ley que modifique el sistema de nombramientos al interior del poder judicial tras los escándalos de la Corte de Apelaciones de Rancagua y los cuestionamientos a la fallida designación de la ministra Dobra Lusic en el alto tribunal.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, explicó que la idea es tener más antecedentes y hacer más transparente el sistema de nominaciones.
“Evidentemente se necesita mejorar los sistemas de selección, seguramente nosotros necesitamos claramente identificar más y hacer mejor las diferencias entre los jueces al momento de hacer las nominaciones”, señaló.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras reunirse con Brito y otros actores del sistema, destacó la voluntad del Poder Judicial para acoger los cambios, pero cuestionó el uso de los “auto-acordados” en vez de esperar un cambio en la ley.
“Hemos visto en otros casos que autos-acordados lamentablemente no son siempre seguidos como corresponde, por eso la idea es que estas propuestas que tiene el Poder Judicial las escuchemos y las podamos incorporar en la propuesta de ley que estamos elaborando”, sostuvo.
Asimismo, el presidente de la Corte Suprema recibió a los diputados del Partido Socialista, Marcelo Díaz y Leonardo Soto, quienes le informaron de la iniciativa que ellos promueven de crear un Consejo Nacional de la Magistratura que seleccione y nomine a los postulantes a estos cargos.
Soto informó que a diferencia de la propuesta del Gobierno, que no incluye a miembros del Poder Judicial en esta tarea, el consejo propuesto por ellos estará integrado por nueve profesionales: tres elegidos por el Presidente de la República, cuatro nombrados por la Corte Suprema, un abogado externo y un representante del mundo académico.
“Pudimos visualizar que hay un problema grave cuando los jueces que tienen que administrar justicia, resolver casos complejos, resolver sobre temas penales, familia, civiles, al mismo tiempo tienen que estar designando al año más de 500 jueces”, afirmó.
“La mezcla de ambas funciones, la designación de jueces, ascensos, castigos, con la de administrar justicia, no se llevan bien”, añadió Soto.
El viernes pasado, el ministro de Justicia se manifestó dispuesto a incluir en la reforma al Ministerio Público -que ya fue anunciada por el Ejecutivo-, la prohibición de las reuniones entre fiscales y parlamentarios.
El fiscal nacional, Jorge Abott, se manifestó en contra de la iniciativa.
“Creo que es una medida que no tengo muy claro de que sea buena para el funcionamiento del sistema, porque muchas veces las reuniones con parlamentarios tienen que ver con temas propios de interés de la ciudadanía”, estimó.
Para este viernes, a las 15:00 horas, el Gobierno convocó a una mesa de trabajo al Poder Judicial para intentar incluir las propuestas de los jueces en el proyecto de ley que modificará el sistema de nombramientos.
