Este viernes la Corte Suprema decidirá sobre el proceso administrativo contra los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua suspendidos por presunto tráfico de influencias. La audiencia corre el riesgo de ser postergada, ya que la defensa de uno los jueces pidió la inhabilidad de los cinco supremos que promovieron la remoción inmediata.
Tras dos meses de investigación sumaria, la ministra instructora Rosa María Maggi pidió a la Corte Suprema abrir un cuaderno remoción y sanción con cuatro meses de suspensión y medio goce de sueldo a los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, por incumplimiento de obligaciones funcionarias y faltas a la probidad.
“Las conductas reprochadas afectan gravemente el deber de integridad de los jueces, que junto con la independencia e imparcialidad constituyen pilares básicos del ejercicio jurisdiccional”, concluyó en su informe.
El escándalo comenzó el pasado 22 de marzo, con la suspensión del ministro Elgueta, horas antes que la Fiscalía de O’Higgins pidiera su formalización por enriquecimiento ilícito y prevaricación.
El 4 de abril, el pleno de la Corte Suprema sumó a esta medida a los ministros Vásquez y Albornoz. Sin esperar que la investigación de Maggi se agotara, el 17 de abril se convocó a un pleno extraordinario, donde ocho de los 17 integrantes del tribunal máximo del país estuvieron por abrir de inmediato un proceso de remoción.
Para el abogado Isidro Solís, defensor del ministro Vásquez, existe un pronunciamiento previo que inhabilita al menos a los cinco supremos de la Tercera Sala que promovieron el pleno extraordinario de abril. Por lo anterior, presentó ayer un recurso de implicancia que deberá ser resuelto en esta jornada.
“Estas son normas procesales que están establecidas para todos los procedimientos, y el hecho de que uno, de acuerdo a la ley, pueda pedir la inhabilitación de un juez no es un demérito, ni es una formulación de un cargo determinado, no es otra cosa que el ejercicio de un derecho”, comentó Solís.
Consultado sobre esta audiencia en la Corte Suprema, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, apuntó que la ciudadanía espera una señal contundente del Poder Judicial ante este escándalo.
“Esos procesos tienen que continuar, la ciudadanía toda espera que esto se resuelva con total transparencia y las responsabilidades que se sustancien como corresponde”, afirmó Larraín.
Maggi estableció que Vásquez es responsable por el nombramiento de su hija, Karla Vásquez, como consejera técnico suplente; haber prestado consejo a Luis Arenas –médico hoy condenado por tráfico de psicotrópicos–, a sabiendas del incumplimiento de una medida cautelar, y por haber modificado, como presidente del tribunal, la integración de una sala de la corte sin justificación.
Para el caso de Elgueta, se le acusa de intervenir en un recurso de protección de Luis Arenas, proporcionándole información de la causa; haberse comunicado con abogados y partes litigantes en siete causas; haber solicitado al fiscal regional de O’Higgins designar en cargos a su excónyuge y a una alumna; haber exigido la designación de una alumna en un cargo en el Primer Juzgado Civil de Rancagua mediante presiones, y haber requerido y aceptado un millón de pesos del juez de Garantía Gianni Libretti.
A Albornoz se le culpa por haber solicitado dinero a Luis Arenas, por la suma de un millón 500 mil pesos mientras incumplía la prisión preventiva.
