La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, propuso aplicar la máxima sanción disciplinaria a los jueces de Rancagua, Marcelo Vásquez, Emilio Elgueta y Marcelo Albornoz, en el informe final de la investigación del caso: cuatro meses de suspensión y la remoción de los imputados.
De paso, apuntó al juez Marcelo Vásquez por el cambio arbitrario en la conformación de una sala en el sobreseimiento de Sebastián Dávalos en el caso Caval.
Si bien en sus conclusiones sobresee algunos puntos y personas, la ministra Maggi mantuvo los cargos formulados contra los imputados en calidad de autores.
En este informe de 72 páginas, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, definió la sanción debido a faltas relativas al incumplimiento de obligaciones funcionarias, que compromete el principio de probidad. Además, propuso disponer la remoción de las tres autoridades por no haber observado el buen comportamiento exigible, en el uso de la facultad que confiere el artículo 80 de la Constitución Política de la República.
En el desglose de las acusaciones, la ministra estableció que en relación al magistrado Elgueta, intervino en un recurso de protección de Luis Arenas proporcionándole información de la causa; se comunicó con abogados y partes litigantes en siete causas; solicitó al fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, designar un cargo laboral a su excónyuge y a una alumna; exigió la designación de una alumna en un cargo en el Primer Juzgado Civil de Rancagua mediante presiones; y pidió un pago de un millón de pesos al juez de Garantía, Gianni Libretti.
En tanto, al ministro Albornoz se le acusa de solicitar al imputado Luis Arenas 1,5 millones de pesos mientras éste se encontraba incumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva.
En el caso de Vásquez, se le atribuyen irregularidades por haber dictado el nombramiento de su hija como consejera técnico suplente; haber prestado consejo a Luis Arenas Contreras, a sabiendas del incumplimiento de una medida cautelar; y por haber modificado –en su calidad de presidente del tribunal de alzada- la integración de una sala de la Corte de Apelaciones, sin justificación ni motivo legal, que revisó el sobreseimiento de Sebastián Dávalos en el caso Caval.
Sobre ese punto particular se refirió el mismo Vásquez: “Jamás he realizado tráfico de influencias y mi defensa alegará contra las acusaciones falsas de las que he sido víctima. Mis decisiones siempre se han ajustado a derecho. Nunca he sido objeto de presiones para fallos judiciales y confío en que mis argumentos serán debidamente ponderados en los alegatos”, dijo.
Palabras que refrendó su abogado, Isidro Solís, quien catalogó de curiosa la referencia que se hace particularmente respecto del caso Caval. “No reconoce que se acompañó una serie muy numerosa de integraciones de sala hechas durante todo un año en decenas de causas”, remarcó.
Mientras, el abogado de Sebastián Dávalos, Carlos Fierro, aseguró que nunca conocieron sobre el cambio en la conformación de la sala, ni tampoco el Ministerio Público. “Nada tiene que ver ese cuestionamiento al fondo del asunto”, aseguró.
Otras determinaciones fueron:
– Sobreseer a los ministros Farías, Pairican, Elgueta y Gonzalez; la jefa del departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa, Andreina Olmo; y a la funcionaria de la Zonal Rancagua, Claudia Fuenzalida, en el caso del nombramiento de Karla Vásquez.
– Sobreseer al juez de Garantía, Gianni Libretti Peña, por el caso de la transferencia de dinero.
– Sobreseer a Hernán González Muñoz, secretario de la Corte.
– Absolver parcialmente a Emilio Elgueta del cargo relacionado con recepción de dineros y sobreseerlo del depósito en dinero en efectivo.
– Absolver a Marcelo Vázquez del cargo por el nombramiento de Alejandra Prado Avendaño.
El informe, además, hace una referencia al senador socialista Juan Pablo Letelier. “Diversas declaraciones de fiscales judiciales, relatores y funcionarios revelan una estrecha vinculación entre los ministros, en especial Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez con el secretario Hernán González, quienes mantienen un trato informal y muy coloquial dentro de la corte, refiriéndose particularmente a la cercanía de este último con el senador Letelier, lo que a ojos de los funcionarios puede percibirse como un exceso de poder, generando divisiones entre ellos que dificultan las relaciones laborales“, dice al respecto.
Con todo, ayer empezaron a correr los tres días para que los imputados soliciten alegatos.
