Carabineros confirmó un sumario administrativo para investigar posibles irregularidades en la detención de la estudiante de fotografía Javiera Godoy, quien fue agredida por una funcionaria mientras trabajaba durante una manifestación al exterior del Instituto Nacional.
Según constatan distintos videos que han circulado por redes sociales, la uniformada agredió con golpes de puño -y con una bomba lacrimógena en la mano- a la estudiante durante la detención, por lo que será suspendida de sus funciones mientras dure la investigación.
Así lo confirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick: “Como corresponde, se ha iniciado el sumario administrativo. La funcionaria ha sido dada de baja a la espera de que se haga la investigación y se determine si hay responsabilidades en el procedimiento”.
“Ella está suspendida mientras dura este sumario”, explicó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que de paso respaldó el criterio de Carabineros para tomar medidas administrativas acorde al protocolo.
La fotógrafa, que estuvo casi cuatro horas detenida, realizó una serie de solicitudes en su querella por detención ilegal y apremios ilegítimos contra Fuerzas Especiales de Carabineros y la ex cabo segunda Nicole Dummond.
Entre otras cosas, “que Carabineros informe de la identidad de los funcionarios que participaron en el procedimiento; que el Ministerio Público solicite diligencias investigativas y el libro de partes de la Primera Comisaría de Santiago Centro; y que se solicite la copia de las cámaras de CCTV del día y la hora de los hechos”, detalló Godoy.
Por su parte, el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, calificó la medida como insuficiente, y llamó a respetar los protocolos de uso de fuerza contra estudiantes.
“Hay un protocolo de Carabineros que fue reformado el año pasado y que durante este año no se ha dado cumplimiento en absoluto. Aquí, lo que debe existir, más allá de una suspensión de un funcionario puntual, es una reformación en el cuerpo de Carabineros y que vuelvan a entender cuestiones de DDHH, que tienen muy poco conocimiento por lo que hemos visto este año y los años anteriores”, fustigó.
Con todo, la estudiante advirtió que estas situaciones ponen en riesgo la labor periodística, amparada por la Constitución, ya que no se trata de un caso aislado, sino que -a su juicio- responde a una política institucional.
