El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Armada de Chile a entregar a entidades públicas en un plazo de 15 días corridos, a partir del martes 28 de mayo, la bitácora de los buques y submarinos que operaron para el Golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973.
La institución se había opuesto a la entrega debido a que, a su juicio, la “publicidad, comunicación o conocimiento afecta la seguridad de la nación, el interés nacional y el debido cumplimiento” de sus funciones.
Lo anterior, debido a que se podría deducir las capacidades operativas de la escuadra y los recursos con los que han contado, cuentan y destinan.
Eso “disminuye las capacidades de la defensa nacional, quedando vulnerables ya sea en tiempo de paz y más aún frente a cualquier riesgo que pueda significar una crisis”, indicó el CPLT en un comunicado.
Pese a ello, la entidad acogió el amparo deducido en contra de la Armada puesto que de todas las unidades que participaron en el derrocamiento del presidente Salvador Allende solo el buque Escuela Esmeralda continúa operativo, cuya única tarea es servir de crucero de instrucción.
Sumado a ello, el CPLT acreditó que en oportunidades anteriores la Armada había entregado información de bitácoras de alguno de los buques “objeto de este amparo, pero en fechas diferentes”.
En específico, se trató de copias pertenecientes a los cruceros O’Higgins y Capitán Prat.
