El senador Francisco Chahuán cuestionó que su proyecto que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas volviera a la Comisión de Agricultura, puesto que ya fue aprobado en la Cámara y el Senado.
La iniciativa busca limitar y sancionar la venta de alcohol a menores de edad en Chile, restringir el otorgamiento de patentes, prohibir la venta en actividades dentro de los colegios e impartir cursos que expliquen sus efectos y las drogas.
Este proyecto estuvo seis años la primera vez en la Cámara de diputados, cuatro años en el Senado y luego regresó a la Cámara para ser despachado a Ley. Sin embargo, fue enviada a la Comisión de Agricultura, donde ya está por cumplir dos años.
“Acá está la mano de las presiones y del impresionante lobby de las empresas de bebidas alcohólicas las cuales se están imponiendo. Llevamos 11 años esperando por una iniciativa que podría frenar bruscamente los altos índices de consumo en menores de edad, que a la larga se transforman en un verdadero drama para las familias. ¿Qué tiene que hacer en agricultura un proyecto de esta naturaleza?, estamos hablando de un tema de salud”, manifestó Chahuán.
Endurece penas
Paralelamente, la diputada RN Sofía Cid ya presentó un nuevo proyecto que busca endurecer y elevar las sanciones a quienes ventas bebidas alcohólicas a menores de edad, incluyendo la distribución a través de plataformas digitales y/o aplicaciones de entrega y envío, que se suministren a niños y adolescentes.
“Debemos avanzar en ese proyecto y además hacer un llamado al sector privado para que se busque un consenso y un punto equilibrio entre las ventas y la prevención del consumo excesivo. Son proyectos que van de la mano para aumentar y subir las penas para quienes venden alcohol a menores, con sentido de urgencia y sumando esfuerzos para actualizar la normativa que existe en Chile, la cual está muy atrasada”, explicó la diputada.
Ambos parlamentarios iniciaron una cruzada para empujar los dos proyectos y pedirán a la Comisión de Agricultura de la Cámara que informe cuáles han sido las razones para no avanzar en esta materia, después de casi 12 años de tramitación.