En un discurso en Punta Arenas, el contralor Jorge Bermúdez enfatizó en la transparencia de su trabajo, el que calificó de exitoso, y consideró una “pequeñez” las nuevas acciones ante la Fiscalía sustanciadas por su subalterna, Dorothy Pérez.
En concreto, la subcontralora ingresó una denuncia por la cual él y parte de su entorno podrían llegar a ser investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco, violación de secreto y prevaricación.
“No me quiero referir a denuncias, ni a cosas que son pequeñeces y que al final simplemente tratan de empañar (…) lo que es una gestión bastante exitosa donde, a pesar de todo, (los resultados) son mucho mejores que en años anteriores de mi propia gestión”, aseveró Bermúdez.
Ambas denuncias penales de la subcontralora, que no son nominativas, sino que “contra quienes resulten responsables”, son investigadas por la fiscal metropolitana centro norte, Tania Sánchez, quien, según fuentes consultadas, ha realizado escasas diligencias.
En noviembre pasado, Pérez le dobló la mano a Bermúdez en la Corte Suprema, con lo cual ésta revirtió su desvinculación del órgano fiscalizador.
Desde ahí se ha vuelto una “contralora del contralor” con dos denuncias penales contra la administración de esta institución, una en diciembre por violación de secreto, por el acceso a sus correos y de otros funcionario.
La otra, en tanto, fue presentada en abril, en el marco de un informe que descartó el reintegro de fondos por $322 millones en el Sernageomin.
Cuenta pública
Bermúdez llegó al extremo sur del país para realizar la segunda cuenta púbica del contralor en una sede regional, tras la llevada a acabo en Arica y Parinacota en 2017.
Entre los datos revelados por Bermúdez respecto a 2018, se informó que la Contraloría recibió 15.598 denuncias ciudadanas, la cifra más alta en los últimos cuatro años, un 64% más que en 2017.
Además, indicó que se ingresaron 11.301 solicitudes de información.
La “toma de razón”, que es una de las herramientas más importantes para cautelar la legalidad de los actos administrativos, alcanzó los 23.750.
Respecto al plan anual de auditorías, durante 2018 se fiscalizó a 632 servicios públicos, un 7% más que en 2017.
